En Río Cuarto, unos 400 productores llevaron a cabo una asamblea para reclamar por el incremento el Impuesto Inmobiliario Rural. En paralelo, sus pares santafesinos cuestionaron a todo el arco político provincial.

Si bien a nivel nacional el Gobierno nacional pudo descomprimir los reclamos de la Mesa de Enlace, tras el anuncio de baja temporal en los derechos de exportación, la situación en las provincias es diferente.

Al comenzar cada año, suele generarse un clima de tensión entre los gobiernos provinciales y los productores, cuando se anuncian los aumentos de impuestos.

En este 2025, el ajuste del Impuesto Inmobiliario movilizó a las bases rurales de Córdoba y Santa Fe, que no esperaron la reacción de las Comisiones de Enlace provinciales y buscan soluciones por su cuenta.

RECLAMOS POR LOS IMPUESTOS

En las últimas horas, se conocieron comunicados de las sociedades rurales de Río Cuarto y del Noroeste, en Córdoba; y del Noroeste de Santa Fe y de La Criolla, en donde coincidieron en críticar a los gobiernos de sus respectivas provincias, tanto por la presión impositiva como al uso que se da a esa recaudación.

En el caso de las dos entidades santafesinas, contaron con la adhesión de la Sociedad Rural de Rosario.

En la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) los productores cordobeses reclamaron por la suba en el Impuesto Inmobiliario Rural para este año. El gobierno cordobés fijó una suba de 172,5%, que había sido pautada con el ruralismo, pero desde las entidades denunciaron que están llegando cedulones con incrementos de hasta el 300%.

Desde la Provincia mediterránea respondieron que no es así e invitaron a los productores a dirigirse a las dependencias oficiales para realizar bien los cálculos. Pero no lograron evitar que las protestas escalen.

Por caso, en la ciudad del sur cordobés, la SRRC realizó una asamblea que reunió a unos 400 productores, además de funcionarios de localidades vecinas (en su gran mayoría radicales), y los productores coincidieron en que no buscan la eximición de este impuesto, sino “pagar lo que corresponde, que sea un impuesto razonable y que haya transparencia en el retorno de esa recaudación en obras de infraestructura en los campos”.

La queja del campo por los impuestos sumó un nuevo capítulo de conflicto en Córdoba

Tras la asamblea, se redactó un documento en donde se ordenaron los reclamos al gobierno provincial.

Si bien el principal fue la rebaja impositiva, también salieron a la luz otras preocupaciones, que se fueron resumidas en un documento que se elaboró tras la asamblea: 

• Rechazo del aumento del 172,5% en el Inmobiliario Rural aprobado por la Legislatura provincial y exigir que el mismo no exceda el 118% de inflación anual que marcó el INDEC.
• Que se quite el cobro de la diferencia entre lo que determinó de aumento el gobierno provincial y lo que finalmente terminó aprobando la Legislatura y cuyo pago se exige de manera diferida en 2026.
• Que se explique el motivo por el cual se quitó el beneficio de 10% de descuento por pago de cuota única.
• Que se eficientice el funcionamiento de Rentas, en particular en la manera en que se ofrece la información sobre plazos y maneras de proceder respecto de los pagos.
• Que se transparente el uso que se hace del dinero que se recauda a partir de los impuestos que pagan los productores agropecuariosm que debería traducirse en obras de infraestructura.

Heraldo Moyetta, presidente de la SRRC agregó que si bien el gobernador cordobés, Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, fueron invitados a la asamblea, finalmente no asistieron. 

En este sentido, el directivo lamentó que “hayan desaprovechado la oportunidad para tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan”.

Con respecto al incremento en el Inmobiliario Rural, señaló que más allá de las fundamentaciones oficiales que justifican el cálculo del impuesto, “lo cierto es que lo que tenemos que pagar está muy por encima de lo que ellos plantearon que tenemos que pagar”.

Y advirtió: “Queremos un impuesto que sea justo, claro y que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos”

EL IMPACTO DE LA SUBA EN LOS PRODUCTORES

Uno de los productores que participó de la asamblea puso en números impacto de este aumento del 172,5% anunciado por la gestión de Llaryora.

Mientras que el año pasado pagó por este concepto $1,2 millones, para este año deberá desembolsar $3,8 millones, que representa un incremento de 210%, aún  cuando en ambos períodos tuvo los mismos beneficios, por pago de cuota única y por pago online.

La preocupación por la presión impositiva fue central en la asamblea, pero no fue el único reclamo. Otro de los planteos que se anallzó fue vinculado al funcionamiento de Rentas y que se pueda ver reflejado en obras el dinero de los impuestos que paga el campo.

 

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ADEMÁS DE CÓRDOBA, TAMBIÉN SE TENSÓ LA CUERDA EN SANTA FE

En Santa Fe, los productores también cuestionan el accionar del Gobierno a la hora de utilizar el dinero de los impuestos para el sector agropecuario.

Esto quedó reflejado en dos cartas redactadas por la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe y la Sociedad Rural de la Criolla, que en ambos casos fueron enviada a la presidenta de la Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, con fuertes cuestionamiento a todo el arco político de esa provincia.

Los ruralistas del noroeste señalaron que el gobierno provincial “sigue aumentando la recaudación a través de nuevos impuestos o mayores porcentajes de los mismos”.

Además de la cuestión tributaria, también afirmaron que “otro tema a considerar es el deterioro de los caminos rurales, que generan serios inconvenientes, afectando la productividad y elevando los costos logísticos y poniendo en riesgo la seguridad de quienes lo transitan”.

Como solución a este problema, propusieron la creación de consorcios camineros, sin intervención de las autoridades locales y con el objetivo de mejorar la administración de los recursos.

“FALTA DE EMPATÍA HACIA TODO EL SECTOR PRODUCTIVO”

En tanto, desde la Sociedad Rural La Criolla manifestaron su “profunda preocupación y creciente incertidumbre del sector que representamos, consideramos que el accionar político del actual gobierno de  la provincia refleja una gran falta de empatía hacia todo el sector productivo y no contempla el  esfuerzo que realiza día a día”.

En este punto, remarcaron que desde hace cuatro años consecutivos enfrentan condiciones climáticas de sequía intensa y un contexto económico adverso.

“No se ha hecho lectura de la actual situación y vemos un Gobierno que no ha demostrado la suficiente capacidad para manejar los abultados ingresos, que a pesar de todo, recibe de impuestos”, afirmaron.

En el documento, también analizaron cómo el gobierno santafesino administra sus recursos. Así, calcularon que se destinan $66.111 millones a la Legislatura, cifra que es 1,5 veces mayor a lo girado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Este monto equivale al 69% de lo destinado al Ministerio de Desarrollo Social  y al 70% de la suma destinada al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Asimismo, la cifra es 60 veces mayor a lo destinado al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal”, concluyeron.