La industria semillera espera que la macroeconomía se normalice para volver a la carga con su reclamo histórico sobre propiedad intelectual
Con bajo perfil, desde el lunes y hasta el jueves están debatiendo en Buenos Aires expertos en el negocio semillero de todo el mundo, convocados por al Asociación de Semillas de las Américas (SAA). Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), explicó que la agenda de temas es variada, pero que por
Con bajo perfil, desde el lunes y hasta el jueves están debatiendo en Buenos Aires expertos en el negocio semillero de todo el mundo, convocados por al Asociación de Semillas de las Américas (SAA).
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), explicó que la agenda de temas es variada, pero que por supuesto uno de los ejes es el reconocimiento de la propiedad intelectual de los desarrolladores de nuevas variedades, una materia en la que la Argentina tiene casi todo por hacer. La Ley de Semillas vigente tiene más de 50 años de sancionada y no se ha modernizado pese a las promesas de casi todos los gobiernos y de los intentos de la industria semillera.
El gobierno de Javier Milei, luego de haber intentado introducir una adhesión nacional al convenio UPOV 91 en al Ley Bases, ahora parece haber desistido de sus intentos por modernizar la legislación.
“Este es un encuentro global en el marco de una institución internacional que es la Federación Internacional de Semillas, que este año cumplió 100 años”, indicó Paseyro, que una vez más reivindicó la necesidad que tiene su sector de cobrar regalías por los desarrollos incorporados a las semillas.
“El sector, con su mejoramiento, con su innovación, con su conocimiento, trata de aportar para que ese productor pueda producir, con las adversidades climáticas que tenemos, más kilos por unidad de superficie, de forma sustentable económicamente, socialmente y ambientalmente”, enfatizó el directivo.
En este congreso internacional no solo se debate la cuestión de la defensa de la propiedad intelectual, que se dificulta en especies autógamas (como trigo y soja) en las que el productor puede hacer reserva de semillas para uso propio. Otro tema de la agenda son las regulaciones para el comercio y el movimiento de semillas entre países. “Mover una semilla, que las empresas lo hacemos habitualmente, tiene todos los requerimientos fitosanitarios que cada uno de los países pone, porque hay países que tienen determinadas plagas que otros no las tienen”, indicó Paseyro.
“Están los desarrolladores, que son todas las empresas, que conviven los cuatro días con los reguladores de cada uno de los países. La innovación tiene una velocidad que muchas veces es superior a la de la norma, a lo que va regulando el Estado en cada uno de los temas. Y entonces ahí discuten, justamente las velocidades de los gobiernos para adaptarse a la tecnología”.
-Si vos tuvieras que poner un modelo de país donde todo funcione en materia de industria semillera, ¿cuál sería y por qué?- le preguntaron a Paseyro en el programa Colonia Agropecuaria.
-Uruguay. ¿Cómo es allí la convivencia de los sectores? Estoy hablando del gobierno, del productor y de los desarrolladores. Y es una convivencia que llevó muchos años resolverla y trabajarla, casi 20, pero que hoy es virtuosa. Porque en esa convivencia la definición de Uruguay ha sido, como no tiene ni la capacidad de innovar ni la capacidad semillera que tiene la Argentina, casi todo lo traen importado, entonces la de ser un país confiable para que esas variedades el productor las use, le den rentabilidad y el sistema funcione. Uruguay, como digo, tiene en la conformación del INASE que es igual que el de Argentina, donde están todos los actores sentados, discuten, igual que en cualquier país, pero al final hay ciertos acuerdos básicos. De nuevo, no tienen nada propio y todo tiene que venir de afuera y por eso tienen que dar las condiciones. ¿Cómo funciona? Hay un Inase que tiene capacidad, capacidad territorial, pero los privados ayudan en ese control de comercio y trabajan de forma coordinada. Los resultados están a la vista, porque en trigo y soja, que son los temas siempre que se ponen como ejemplo, tienen 50% de semillas de uso fiscalizado,y otro tanto en reconocimiento de regalías. es decir casi están en el 100% o algo menos.
-¿Eso quiere decir que los productores, de algún modo, cuando compran semilla, abonan a los desarrolladores de nuevas tecnologías? ¿Las reconoce su esfuerzo, su investigación?
-Exacto, y ahí hay que aclarar también, porque muchas veces está, digamos, el ideario es que se favorecer solo las grandes compañías… El INTA, en el caso de Argentina, es el instituto que invierte y registra la mayor cantidad de variedades, y sobre todo en lo que son las economías regionales. Bueno, entonces eso hay que ponerlo en valor. También está el caso de facultades o universidades. Estuve la semana pasada en Córdoba y observé un programa de mejoramiento de garbanzos de una pyme, que son dos personas que empujan todo esto. ¿Qué quiero decir? Sacando los grandes cultivos, en el resto, si no es el INTA son las universidades o pequeñas empresas las que invierten en estos programas. Y sí, tiene que haber ese reconocimiento al esfuerzo del otro, para que al productor le dé más calidad, más cantidad en su producción y la rentabilidad que muchas veces está determinada por el Estado en lo que son los derechos de exportación.
-Ahora, habiendo expresado que Uruguay es un modelo que funciona y que la mayor parte de los productores reconocen el esfuerzo de los investigadores en semillas, ¿qué falla en la Argentina? A veces se resume la discusión a que necesitamos actualizar la ley que ya tiene más de 50 años y con eso arreglamos todo.
-De todo un poco. Es una historia tal vez larga, pero no hay que dejar de lado el componente de las retenciones o de los derechos de exportación. Porque eso le resta rentabilidad al productor. Y el productor hace muchas veces agricultura defensiva en términos de tecnología. Pone menor fertilizante, no renueva su maquinaria, hace lo que puede. ¿Por qué? Porque quiere sobrevivir y seguir siendo productor.
-Y ahí entra también la compra de semilla barata o bolsa blanca…
-O lo que hay. Porque la Argentina es un poquito de lo que hay en todo. Así que yo no dejaría de lado ese aspecto. Es decir, a ver, si el productor tuviese las mismas condiciones para ser rentable que tiene Uruguay y que tiene Brasil, ¿qué paquete tecnológico utilizaría y cuál sería el reconocimiento? Y esto tiene consecuencias para no ponernos de acuerdo o tener estos problemas o tener esta persistencia de grises.
-¿Y de qué modo estos grises afectan a la Argentina?
-Lo vamos viendo. En el caso de soja, ha ido perdiendo no solo superficie y toneladas, porque es menor el área de siembra y menor el rendimiento por hectárea. Pero tenemos un problema y de ahí viene la importación de soja de Paraguay, que es el de proteína. Y esto en parte también viene dado por el mejoramiento genético. O más consecuencias, por ejemplo, que en arveja no tengamos las variedades que el mundo quiere comprar. sino variedades viejas. O en poroto, que no tenemos programas de mejoramiento. Y poroto es un cultivo que tiene 500.000 hectáreas. Estamos hablando de 500.000 hectáreas de poroto, 500.000 de algodón, otro tanto de arroz. O sea, un millón y medio de hectáreas, que son economías regionales por definición, pero son economías que en las provincias son determinantes.
-¿Y se podrá resolver alguna vez este pendiente en materia de semillas?
-Creo que hay oportunidad si la macro estabiliza, de tener algún acuerdo de cómo encontrar una solución para que esto empiece a movilizar la innovación y que dejemos de perder competitividad, que en definitiva es lo que nos pasa a todos, porque acá nadie gana.
-¿Hay alguna señal de las autoridades del nuevo gobierno? Juan Pazo declaró en un encuentro de AmCham que trataron de poner UPOV 91 en la Ley de Bases y no pudieron. Y que ahora se iban a manejar “con lo que tenemos”.
-Lo dijo el propio Juan Pazo, me voy a tomar de sus palabras: les ha costado tener la Ley Bases reducida, ¿no? Les llevó a mucha discusión. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Porque uno no se puede sentar y esperar a ver qué pasa. Bueno, ahí la propuesta son acuerdos entre privados, como tiene el algodón, como tiene ahora la soja, y que las condiciones sean claras y ventajosas para ambas partes. Para aquel que tiene que invertir en producir, que es el productor, y para aquel que tiene que invertir en desarrollar nuevas variedades. Y que haya un acuerdo hasta que Argentina encuentre normalidad, y ver si después se puede dar el salto a UPOV 91 o algo que nos permita salir de la situación en la cual, repito, no está ganando nadie.
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