Lo que no pudo hacer la AFIP, quizás lo pueda lograr ARCA: Cuáles son las dos medidas tributarias que espera el agro de un gobierno libertario
Con la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazará a la AFIP, el gobierno tiene la posibilidad de instrumentar medidas operativas reclamadas hace años por el agro. La primera –que tiene costo cero– es la eliminación las restricciones para emitir cartas de porte para el traslado de granos, lo
Con la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazará a la AFIP, el gobierno tiene la posibilidad de instrumentar medidas operativas reclamadas hace años por el agro.
La primera –que tiene costo cero– es la eliminación las restricciones para emitir cartas de porte para el traslado de granos, lo que en muchas situaciones genera problemas logísticos y comerciales ante fallos del sistema o medidas gremiales.
Lo insólito es que el algoritmo de la AFIP que calcula las cartas de porte por emitir se determina en base a rendimientos promedio históricos regionales y no considera impactos climáticos ni riesgos biológicos (como el caso del Spiroplasma en maíz) que pueden afectar la capacidad productiva de las empresas.
Eso genera muchos bloqueos sistémicos que obligan al productor o sus contadores a presentar solicitudes de excepciones ante la AFIP, las cuales requieren verificaciones que pueden tardar 20 a 40 días en resolverse, con el perjuicio que eso produce a los empresarios agrícolas que tienen el camión cargado con granos y no pueden salir del campo para poder cumplir muchas veces con un compromiso comercial.
El sistema, además de generar una burocracia infernal que atenta con el sector que es el primer generador de divisas de la economía argentina, representa un atentado contra el libre comercio, es decir, un atentado contra las “banderas” esgrimidas por el gobierno libertario del Javier Milei.
La otra cuestión, si bien tiene impacto fiscal, consiste en solucionar una injusticia que afecta particularmente a las empresas agrícolas en situaciones de desastre productivo. Es decir: una auténtica “anti-política” agropecuaria.
La otra medida que viene reclamando el agro hace mucho tiempo es la posibilidad de compensar saldos técnicos de IVA en empresas agropecuarias, algo que la actual titular de la AFIP (en disolución), Florencia Misrahi, considera indispensable aplicar, según lo había declarado públicamente antes de asumir su cargo.
El problema de los saldos técnicos de IVA, además de potenciarse en escenarios de aceleración inflacionaria y desastres climático o biológicos, es que son regresivos porque perjudican a quienes realizaron una mayor inversión tecnológica (especialmente en el caso del maíz) y a los que se encuentran en zonas más alejadas de los puertos (anti-federalismo).
La aplicación de la tasa reducida de IVA del 10,5% en la mayoría de las ventas de bienes agrícolas y la generación de créditos fiscales por compras de bienes y servicios genera en la mayor parte de los casos saldos técnicos a favor de muy difícil recuperación. Eso porque el empresario agrícola paga 24% de IVA cuando contrata un seguro agrícola y 21% cuando adquiere fitosanitarios, semillas y silobolsas, así como también cuando contrata servicios de acondicionamiento de granos, fletes, asesoramiento e intereses de deuda, entre otros.
Solamente la compra de fertilizantes y las labores agrícolas están equiparadas con un IVA del 10,5%. Como la mayoría del IVA de compra se paga por adelantado y el IVA de venta se cobra después de cosechada la mercadería, eso genera un costo financiero sobre el IVA, el cual debe financiarse con capital de trabajo o bien con deuda bancaria, por lo que el IVA de compra termina generando también un costo financiero adicional, el cual, además, está gravado con una alícuota de 21% de IVA.
En definitiva, no se trataría de un “beneficio” para el agro, sino de implementar un mecanismo de compensación que evite que el Estado nacional se financie con recursos de las empresas agrícolas, que lideran el ranking sectorial de presión impositiva en la Argentina.
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