Se nota que el juez Ariel Lijo no lee Bichos de Campo: Alegando ?falta de pruebas?, desestimó una denuncia para que la justicia investigue el bioherbicida trucho que Agro Sustentable vendía a Misiones
Muchos argentinos desconfían de que el juez federal Ariel Lijo, por diversos motivos, sea el más idóneo para ocupar una de las sillas vacantes en la Corte Suprema de Justicia, tal como pretende el presidente Javier Milei, que lo ha nominado. En Bichos de Campo hacemos periodismo sobre agro, no tenemos demasiada experiencia en la
Muchos argentinos desconfían de que el juez federal Ariel Lijo, por diversos motivos, sea el más idóneo para ocupar una de las sillas vacantes en la Corte Suprema de Justicia, tal como pretende el presidente Javier Milei, que lo ha nominado. En Bichos de Campo hacemos periodismo sobre agro, no tenemos demasiada experiencia en la justicia. Pero a raíz de lo sucedido con el expediente 3235/24 del Juzgado Criminal y Correccional 6, a cargo de ese juez, también nos permitimos expresar nuestras dudas.
Según información difundida por medios de Misiones, en esa causa el juez Lijo decidió ““archivar la presente causa N° 3235/24 por no poder proceder, en los términos del art.180 -in fine- del Código Penal”. Para muchos Lijo es un especialista en cerrar y dormir causas incómodas para el poder política de turno. Y es eso lo que en este caso habría vuelto a hacer, al desestimar una denuncia penal presentada por un diputado del PRO de Misiones, Miguel Núñez, para que se investigue el presunto desvío de fondos nacionales a favor de una empresa llamada Agro Sustentable que habría vendido un bioherbicida trucho (es decir, no habilitado por Senasa).
Al parecer, la fiscalía también le puso pocas ganas a investigar demasiado el asunto, porque el juez argumentó “la desestimación de la presente denuncia en virtud de la falta de impulso de la acción penal de la Fiscal”. La resolución dice además que las acusaciones sobre la empresa Agro Sustentable “no se encuentran apoyadas en elementos objetivos, motivo por el cual la generalidad en que se basa la denuncia determina la imposibilidad de impulsar su investigación”.
Se nota que el juez Lijo no lee asiduamente este sitio de noticias agropecuarias, porque si lo hiciera seguramente su opinión sobre la falta de pruebas concretas sería otra muy distinta, y entonces debería al menos hacer un pequeño esfuerzo por investigar el asunto.
Lo que podría estar sucediendo es que el diputado Núñez efectivamente presentó una denuncia cargada de sospechas pero bastante carente de pruebas concretas el pasado 13 de agosto. Pedía que se investigara si se cometió algún ilícito en relación a las compras de bioinsumos que el Estado provincial le hizo a la firma Agro Sustentable, radicada en el Parque Industrial Posadas.
En aquella primera denuncia, sin embargo, sí había una primera prueba que Lijo hubiera tenido de haber leído Bichos de Campo el 15 de agosto: Allí se incluye un informe de Senasa que confirmaba que la empresa que decía haber inventado un bioherbicida biológico capaz de sustituir al glifosato, al que había bautizado BioHerb, no tenía registros con ese nombre y mal podía estar fabricándolo en Misiones. El nombre BioHerb -bajo el número de registro 41100- estaba anotado por otra firma como “Insecticida Acaricida Coadyuvante”.
Luego, si el candidato a la Corte Suprema hubiese leído otra nota del 17 de agosto, hubiera podido enterarse de que el presidente y CEO de Agro Sustentable, Joaquín Ramiro Basanta, sospechosamente había creado una gran cantidad de firmas en diferentes rubros entre 2021 y 2023, incluyendo una dedicada a las fiestas y los eventos, cuyas marcas compartía con el hijo del ex gobernador misionero Carlos Rovira. La sociedad se llama Bolita SA y fue creada en diciembre de 2023, por Basanta y otro empresario llamado Saul Antebi Sacca. Pero los tres (Sacca, el hijo de Rovira y el presidente de Agro Sustentable SA) tramitaron ese mismo mes además en conjunto la posesión de la marca “Incertidumbre” para la explotación de una discoteca, el alquiler de equipos de música y la organización de conciertos.
Si Lijo hubiese leído Bichos de Campo unos días después podría haber tenido una pista firme para la investigación que le reclamaba el diputado Núñez, pues allí informamos la primera pista concreta sobre el origen de los fondos con los que el Ministerio del Agro de Misiones estaba pagando a la empresa de Basanta por una gran cantidad de litros de bioinsumos, incluyendo algunas cajas del BioHerb trucho que no reconocía el Senasa. Allí mismo incluimos una planilla del Fondo Especial del Tabaco (FET), administrado por la Secretaría de Agricultura, que mostraba un giro en agosto de 2023 de 511.261.964,40 pesos hacia Misiones para la “Provisión de Bioinsumos para el desarrollo de una actividad tabacalera ambientalmente responsable”. Era la plata que finalmente se usaría para pagarle a Agro Sustentable.
El 22 de agosto volvimos a escribir aportando pruebas concretas que bien podría haber utilizado el juez Lijo, pero desafortunadamente no nos leyó. Contábamos que la empresa Agro Sustentable no producía ningún bioinsumo (salvo una variedad de fertilizante) en su planta de Posadas sino que importaba esas sustancias -que luego vendía al gobierno misionero, que le pagaba con plata del FET- desde Tucumán. Aportamos los datos concretos de la empresa a la que se tercerizaba el trabajo era Tensac, que desde hace tres décadas elabora “productor biobasados” para todo tipo de industrias.
La nota del 28 de agosto se ve que el juez Lijo tampoco la leyó: allí se agregaba copia del expediente dela Secretaría de Agricultura que aprobaba la asignación de los 511 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares en ese momento) para la “Provisión de Bioinsumos para el desarrollo de una actividad tabacalera ambientalmente responsable”. Sin embargo, el dinero nunca se destino efectivamente al sector tabacalero sino a la compra de los bioinsumos de Agro Sustentable, incluyendo el bioherbicida trucho.
Esta presunción de que el gobierno de Misiones desvió el uso de 500 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco hacia otros usos se confirmó el 30 de agosto, en un artículo que seguro el candidato de Milei a la Corte Suprema tampoco leyó: Allí colonos tabacaleros misioneros denunciaron que el gobierno provincial les adeudaba a ellos un pago por el componente del precio del tabaco pendiente desde 2023, justamente por una cifra semejante -de 500 millones de pesos- a la que se había utilizado para comprar los bioinsumos fabricados en Tucumán-
Finalmente, el 9 de septiembre -casi un mes después del pedido de investigaciones que recayó en su juzgado-, Bichos de Campo publicó una más completa síntesis de los hechos, confirmando todo a partir de la respuesta de la Secretaría de Agricultura a un pedido de informes presentado por este mismo medio. Allí, además de la confirmación oficial del desvío de fondos a través de la Fundación de Asuntos Agrarios, dependiente de Ministerio del Agro de Misiones, se supo que Agro Sustentable SA había proveído de más de 100 mil litros de sus bioinsumos fabricados en Tucumán otra empresa, a un valor promedio de 13 mil pesos por litro. El BioHerb no figuraba en el informe porque, claro, era trucho: solo habían pegado unas calcomanías con ese nombre sobre los envases de otros productos.
Lijo, seguramente ocupado en demostrar que no es cierto lo que muchos dicen sobre él, que es un juez especialista en dormir causas judiciales que molestan a los poderosos, no pudo leer todos estos artículos. Si no parece obvio que su conclusión debería haber sido que existe al menos prueba suficiente como para al menos iniciar una investigación de oficio. Lo mínimo.
Pero qué sabremos nosotros, cualunques periodistas de agro, sobre las complejidades de la justicia. Ni aspirantes a preceptores de escuela secundaria como para darle consejos de lectura a un prohombre judicial ocupado en impartir justicia, convocado por el Presidente a hacerlo nada menos que desde la Corte Suprema.
Foto de portada: Guillermo Rodriguez Adami dle diario Clarín
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