“El volumen no se tradujo en resultados legislativos concretos”, analizaron desde la Fundación Barbechando acerca de la dinámica legislativa en el Congreso de la Nación.

“Los cierres de año siempre exigen un ejercicio de balance”, indicaron desde la Fundación Barbechando, habitual espacio de monitoreo de la actividad parlamentaria del sector agropecuario.

La cuenta, sin embargo, resultó magra: “El Congreso atravesó un período de alta intensidad política, con sesiones extensas, negociaciones permanentes y una agenda cargada. Sin embargo, ese volumen no se tradujo en resultados legislativos concretos, dejando un saldo acotado en términos de normativa efectiva”.

Desde la fundación presidida por Ángeles Naveyra, quien días atrás analizó en Infocampo la necesidad de sumar adherencias para el lobby agropecuario en ambas cámaras, señalaron que “a lo largo del año se registró un nivel significativo de proyectos ingresados, dictámenes discutidos y sesiones convocadas”.

“No hay manera de copar el Congreso solo con gente del agro, hay que sumar citadinos”

“No obstante, la capacidad de convertir esa actividad en leyes operativas fue limitada”, puntualizaron. Entre las que sí se convirtieron en ley figuraron menos del 0,5% de las propuestas de ley ingresadas.

“El dato estructural: el 70% de la agenda impulsada provino de la oposición, mientras que el oficialismo orientó su estrategia a contener y frenar iniciativas que, a su juicio, comprometían el equilibrio fiscal, consolidándose como la verdadera resistencia parlamentaria”, analizaron.

LA AGENDA FISCAL

El informe expuso que “la disputa por la sostenibilidad fiscal” se expresó en varios hitos, como el tratamiento por la moratoria previsional y aumentos por movilidad jubilatoria. “Ambos proyectos aprobados por el Congreso pero vetados por el Poder Ejecutivo por su impacto fiscal”, estimaron. Pero, también, incidió el tratamiento del “Financiamiento universitario” y las leyes vinculadas a discapacidad.

“Cuyos vetos fueron rechazados por el Congreso, convirtiéndolas en leyes efectivamente sancionadas. Sin embargo, su aplicación se encuentra suspendida hasta que existan recursos asegurados para su implementación”, precisaron.

En ese cuadro de operaciones, el rol de los gobernadores también jugó “un rol importante” para la Fundación. “Ante la tensión entre oposición y oficialismo, se consolidaron como actores estratégicos que impulsaron debates de fondo”, estimaron.

¿Cuáles fueron los grandes temas expuestos desde allí?

• Reparto equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
• Eliminación de la afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos, buscando transformarlo en un tributo plenamente coparticipable.

“Estas discusiones abren la puerta a reformas estructurales del federalismo fiscal, que marcarán la nueva etapa legislativa”, remarcaron.

Por eso, indicaron que ante un Congreso “polarizado”, el oficialismo logró resistir los embates de la oposición, vetar leyes consideradas inviables y sostener su narrativa fiscal.

LA AGENDA DEL AGRO

El sector no logró salir de esos pocos avances concretos, pero estimaron que se consiguió “un posicionamiento estratégico de temas clave”.

“Si bien no se alcanzaron sanciones relevantes en materia de retenciones, maquinaria agrícola o biocombustibles, sí se logró que estos asuntos se instalarán como debates ineludibles dentro del Congreso. Un ejemplo concreto, por ejemplo, fue el tema Derechos de Exportación que se trató formalmente por primera vez, después de 17 años”, subrayaron.

Estiman que se trata de un posicionamiento relevante para la construcción de la agenda 2026 y para los consensos que deberán desarrollarse en la próxima etapa.

Por eso, ahora, se espera que el próximo período legislativo exija definiciones políticas y fiscales de primer orden. Entre los temas inminentes estarán:

• Presupuesto 2026, pieza clave para la viabilidad de la gestión.
• Reforma fiscal e impositiva, orientada a simplificación y sostenibilidad.
• Reforma laboral, con foco en productividad y formalización.
• Ley de Inocencia Fiscal, como marco institucional de previsibilidad para inversores.
• Reforma del Código Penal, que actualizará criterios sancionatorios y modernizará estándares regulatorios.

“El nivel de conflictividad y los acuerdos que puedan alcanzarse definirán la capacidad real del Congreso para ofrecer estabilidad. El año legislativo dejó más señales que resultados. La actividad fue intensa, pero la polarización redujo la producción normativa efectiva”, cerraron.