La "transformación" del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que también perdió su autarquía, llevó a que representantes del mismo alzaran la voz, subrayando que se pueden afectar las funciones de fiscalización de la cadena productiva del vino.

La esquina de la avenida San Martín y Virgen del Carmen, en la ciudad de Mendoza, donde se sitúa la sede central del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), reunió en la jornada del viernes a decenas de trabajadores del organismo que decidieron romper el silencio que había sido impuesto por la Secretaría de Agricultura y acatado por Carlos Tizio -director del INV- para alertar acerca de las complicaciones que podría traer para la industria del vino los cambios que impuso el Decreto 462/2025.

En el caso de este organismo, el extenso texto normativo dictaminó en principio la pérdida de su autarquía y baja de rango: seguirá siendo un Instituto, pero estará dentro de la estructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y pesca.

Por un lado, una de las grandes preocupaciones en las oficinas del INV pasa precisamente por la reestructuración que inevitablemente tendrá el organismo al quitarle su naturaleza de ente autárquico y pasarlo a considerar una unidad organizativa dentro de Agricultura.

Por el otro, las limitaciones en sus funciones de fiscalización, lo que, según advierten, le quitaría trazabilidad y transparencia a la vitivinicultura argentina, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y el prestigio conseguido por la industria.

UNA LUZ DE ALERTA EN LA VITIVINICULTURA

Según comentaron a Infocampo los propios trabajadores del INV, desde hace días se han dejado de recorrer bodegas y hacer controles específicos que hacía el organismo, limitándose a recorrer vinotecas o puntos de venta finales.

“El decreto genera mucha incertidumbre, porque nos da a entender que el INV deja de ser la autoridad de aplicación de dos leyes, la 14.878, que es la Ley General del Vino, y la 24.566, que es la Ley de Alcoholes, donde tenemos injerencia en ambas, controlamos y fiscalizamos ambas. Este decreto produjo una sustancial anomalía, ya que ha cambiado distintos artículos”, comentó Marcelo González, inspector del INV y delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Además, explicó que “se ha derogado un artículo que es muy importante para nosotros, el artículo 30, donde ejercemos el poder de ‘policía’. O sea, no podemos entrar más a una bodega, o por lo menos cuando la bodega lo decida”.

Y agregó: “La modificación del artículo 14 dice que ahora el Instituto va a controlar únicamente la elaboración final. Esa elaboración final ellos lo toman diciendo que es la botella que está en la góndola. Al no poder salir a las bodegas, porque nos derogaron el artículo 30 y porque nos dicen que tenemos que únicamente inspeccionar la botella, nos ha limitado toda la relación que teníamos antes de inspección desde el viñedo, la cosecha, desde la toma del tenor azucarino, cuando se realiza un una alcoholización de un vino o un ingreso de alcohol”.

De acuerdo a la argumentación de González, la única instancia en la que podrán determinar si el producto vitivinícola ha sido adulterado será en la góndola, cuando “ya sea tarde”. Así, aseguran que será muy difícil determinar la genuinidad en el mercado.

Por otra parte, también aseguró que la “desregulación” de la vitivinicultura es algo que el organismo ha emprendido desde hace ya un tiempo: “El INV en los últimos años ha dado muestra de una apertura. De hecho, hemos sacado resoluciones donde lo que ha pedido la industria, se ha dado”.

Como ejemplos, citó: “Pidieron alcohol cero, vino liviano, vino bajo grado y se hicieron las resoluciones para aprobar todo eso. Pidieron que no fuéramos a controlar más el dimetil dicarbonato, porque las máquinas que ellos contratan andan perfectas, también le sacamos eso. Las desregulaciones vienen existiendo, venimos haciendo aportes desde el Instituto para que ellos puedan trabajar mucho más libremente, pero tenemos que controlar”.

LOS BIENES DEL INSTITUTO DE VITIVINICULTURA, EN LA MIRA

En tanto, otra de las preocupaciones de los trabajadores del INV pasa por la reestructuración de personal que podría tener la institución.

Mariano Lucero, administrativo contable y también delegado gremial de ATE del INV, afirmó que en los últimos 25 años el organismo ha atravesado una gran reestructuración.

“Hoy el organismo cuenta con 432 personas a nivel nacional distribuidos en 12 delegaciones que tiene el organismo en todo el país. En la sede central cumplen funciones 250 personas aproximadamente. Si consideramos que en el año 2000 existían 1.300 empleados en el organismo y a la fecha tenemos 432 personas, somos un organismo eficiente respecto a las funciones y el personal. Principalmente en sus funciones de cuidado o garantizando la salud pública”, declaró Lucero.

Respecto a los puestos jerárquicos, uno de los grandes objetivos de la gestión de Javier Milei, Lucero aseguró que desde el INV habían presentado una reestructuración que fue ignorada por la administración nacional.

“Son 12 cargos jerárquicos, de los cuales el año pasado, durante esta gestión se presentó ante la Secretaría de Transformación una modificación de la estructura proponiendo bajar a tres esa docena. Ese expediente quedó archivado en la Secretaría de Transformación del Estado. Por lo cual, entendemos que no es solo una cuestión económica, sino que hay una cuestión respecto a disminuir la fiscalización”, cerró.