Nuevo giro en la causa Vicentin: un grupo inversor compró la deuda de los bancos extranjeros
La estrategia, de la que participa una de los acreedores de Vicentin que se niega a aprobar el plan de pagos, es esperar que la Corte Suprema de Santa Fe habilite un “cramdown” y poder competir por el plan de salvataje de la compañía.
Una trama en la que permanentemente aparecen nuevos giros y protagonistas inesperados es la que se puede observar en la verdadera novela en que se ha convertido el concurso de acreedores de la firma Vicentin.
El nuevo capítulo se abrió en las últimas horas, luego de que un grupo inversor, denominado CIMA SA, diera a conocer que compró la deuda que la compañía de Avellaneda mantenía, dentro de la convocatoria, con bancos internacionales, por casi U$S 450 millones.
Se trata concretamente de las siguientes acreencias:
- IFC: U$S 205.785.014,45
- FMO: U$S 122.278.129.55
- ING: U$S 46.429.718,73)
- Rabobank: U$S 22.781.133.64)
- MUFG: U$S 12.381.296,09
- SMBC: U$S 12.381.296,09
- Natixis: U$S 9.934.586,27
UN NUEVO ACTOR EN LA NOVELA VICENTIN
En un comunicado, CIMA SA aseguró que “se adquirió esta deuda con el objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.
“Nuestra intención, como representantes del mayor acreedor del concurso, es colaborar en una pronta solución, que contemple en forma ecuánime los intereses de las distintas partes interesadas, en particular aquella que incluya la conservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso Capital Humano de la compañía”, agregó.
A grandes rasgos, la apuesta de CIMA es a que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechace la homologación del plan de pagos presentado por Vicentin, y que tiene la mayoría de los avales requeridos por ley, tanto en cantidad de acreedores como de cápitas.
Hasta ahora, esa propuesta tuvo un rechazo en primera instancia y un aval en segunda instancia, y por eso la pelota ahora está en manos de la Corte santafesina.
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El tema es que si el máximo tribunal se niega a avalarla, automáticamente podría habilitarse un proceso de “cramdown” en el que CIMA podría presentar su propio plan de salvataje de la agroexportadora, que compita con el que impulsa Vicentin y que está apalancado en inversiones de ACA, Bunge y Viterra.
“CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual Cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, precisó el grupo inversor.
En este contexto, que hayan mencionado al Grupo Grassi no es un dato menor: es el segundo acreedor comercial privado más importante después de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y es uno de los pocos que ha permanecido siempre intransigente ante las propuestas de Vicentin.
“En CIMA, estamos convencidos de que es posible resolver esta compleja situación, atendiendo los intereses de todas las partes involucradas y alcanzando una solución sostenible que impulse el desarrollo futuro de Vicentin”, concluyó la empresa que quiere “salvar” a Vicentin.
LA RESPUESTA DE VICENTIN
Ante esta situación, conocido este nuevo giro en la causa, desde Vicentin emitieron un comunicado en el que recordaron que el plan de pagos no ha podido ejecutarse debido a las sucesivas decisiones judiciales que lo frenaron.
También insistieron en que la firma ya entró en una situación de crisis, sin dinero disponible en caja para seguir afrontando sus obligaciones corrientes, y en que no están en condiciones de financiar un proceso de “cramdown”.
El comunicado de Vicentin se copia textualmente a continuación:
Habiendo tomado conocimiento por una información periodística de que el grupo inversor CIMA SA, junto a la firma GRASSI SA habrían adquirido la acreencia que tenían los bancos internacionales con Vicentin, hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio, puesto que:
- Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior.
- La Sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano.
- Por añadidura, dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de Cramdown.
En ese sentido reiteramos, nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente.
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