Representantes del sector forestal argentino participaron de la Cumbre de Cambio Climático y remarcaron que se necesita crear un marco adecuado para atraer inversiones.

La Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) estuvo presente en la Convención del Cambio Climático (COP 28) que se llevó a cabo recientemente en Dubai y analizó cómo será la evolución de los mercados de carbono a nivel mundial.

Con poco más de un año de vida, este espacio nuclea a más de 40 empresas, instituciones y otros actores de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina.

Como se recordará, uno de los principales lineamientos del COP 28 fue el acuerdo mundial para la eliminación progresiva de la energía del carbón y otros combustibles fósiles y una convocatoria destinada a generar proyectos de reducción de emisiones para 2025.

Lo que dejó la cumbre de Cambio Climático: un hito sobre agricultura sostenible y salud del suelo

Pero según consideraron desde la Mesa, la búsqueda de esta “neutralidad cero” implica que se deberán establecer mecanismos internacionales de mercado de carbono.

Para la MCFN, el contexto es por demás favorable para Argentina, que cuenta con una gran oportunidad de posicionarse a través de los mercados de carbono, que evidencian un veloz crecimiento tanto a nivel regional como global.

¿QUÉ PASA CON LOS MERCADOS DE CARBONO EN EL MUNDO?

Marcelo Taboada es directivo de la firma GBM/Nideport, que forma parte de la Mesa. “El tema relevante en nuestro caso es si se cumplirán finalmente los mercados internacionales de carbono con lo establecido en el Acuerdo de París“, advirtió.

Sobre este tema, consideró que habrá que tener en cuenta tres variables, todas vinculadas a distintos artículos del Acuerdo de París. En primer lugar, el 6.2 que contempla los acuerdos de créditos de carbono de gobierno a gobierno.

“Hasta la fecha, se han celebrado tres acuerdos bilaterales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6, cada uno de los cuales tiene a Suiza como comprador”, señaló.

En segundo lugar, Taboada hizo referencia al párrafo 4 del artículo 6, que establece en qué condiciones las absorciones de carbono de los bosques, pastizales, turberas y otros ecosistemas naturales pueden contabilizarse para un crédito de carbono.  “Existe el riesgo de que las metodologías desarrolladas sean demasiado políticas y que algunas metodologías tendrán que ser revisadas con demasiada frecuencia”, detalló.

Y agregó: “El tercer pilar del artículo 6, párrafo 8, que abarca las formas no comerciales de cooperación internacional para la reducción de las emisiones, es el menos examinado hasta la fecha”.

LA SITUACIÓN EN ARGENTINA

Juan Pedro Cano, coordinador de la MCFN, explicó que en nuestro país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de quince años.

Estos emprendimientos incluyen diferentes regiones y abordajes, se articulan en una superficie de 20.000 hectáreas y el potencial de mitigación es de 1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), de las cuales ya se mitigaron más de 500.000 toneladas.

En paralelo, la Mesa está evaluando una serie de proyectos por una superficie de 400.000 hectáreas, que equivale a 20 veces casi la la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

“De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático”, detalló Cano. 

Con respecto a los mecanismos necesarios para promover el desarrollo de los mercados de carbono en Argentina, sostuvo que un punto de partida es sentar las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible.

“Se recomienda la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen”, enumeró.

Con este fin, explicó que es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, a partir de un trabajo aceitado entre los distintos niveles gubernamentales en Nación y provincias.