Durante A Todo Trigo 2026, se analizó la degradación de los suelos bonaerenses y discutieron si la provincia necesita avanzar hacia una legislación específica. Hubo coincidencias sobre la gravedad del problema, pero fuertes diferencias sobre cómo abordarlo.

La primera jornada del Congreso A Todo Trigo 2026 dejó uno de los debates más intensos y sensibles para el agro bonaerense: la posibilidad de avanzar hacia una Ley de Suelos en la provincia de Buenos Aires.

La discusión reunió a referentes técnicos e institucionales, con posiciones coincidentes respecto a la necesidad de preservar el recurso, aunque con diferencias marcadas sobre el rol que debería asumir el Estado.

El eje del panel giró en torno al anteproyecto presentado en 2025 por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), iniciativa que generó controversias dentro del sector por considerar que podría derivar en mayores regulaciones sobre la actividad productiva.

Desde CIAFBA, Guillermo Studdert -integrante de la Comisión de Conservación de Suelos- defendió la propuesta y alertó sobre el deterioro creciente del recurso en territorio bonaerense.

“Los suelos de la provincia sufren degradación intensa a pasos agigantados. Hay mucha evidencia, no solo de los procesos de degradación más serios como la hídrica y eólica, sino también de la pérdida de su salud a lo largo de estos años”, sostuvo.

Polémica en el agro bonaerense por un proyecto de ley que busca regular el uso de suelos

Según detalló, además de la erosión, existen problemas vinculados a sodificación, compactación superficial y sub-superficial y deterioro de la estructura física del suelo, situaciones que comprometen la sustentabilidad productiva.

“Sabíamos que algo teníamos que hacer para recuperar los suelos o reducir la incidencia de esos procesos de degradación. Hoy existe una legislación general en la provincia que incluye al suelo de manera lateral o complementaria, pero no de forma específica”, explicó.

SUELOS: CONTROLES, INCENTIVOS Y PLANES DE USO

El anteproyecto impulsado por CIAFBA propone la creación de distritos de conservación, la identificación de áreas críticas y la elaboración de planes de manejo y uso del suelo bajo dirección técnica profesional.

También contempla mecanismos de estímulos e incentivos, junto con posibles sanciones para quienes incumplan determinadas pautas de conservación.

En ese marco, el panel sumó la experiencia de Uruguay como caso testigo. Sebastián Mazzilli, integrante del INIA uruguayo, repasó el proceso implementado en ese país, donde existe una normativa de conservación de suelos desde la década de 1980.

“Para cuidar el suelo hacen falta políticas que alienten al productor y no lo castiguen”

“El proceso fue exitoso por ser gradual, comunicado e institucionalizado, con controles efectivos”, afirmó el especialista. Además, destacó que el sistema uruguayo permitió incorporar al propietario de la tierra a la discusión sobre el uso del recurso y avanzar en indicadores vinculados al balance de carbono y nutrientes.

EL TEMOR A UNA MAYOR BUROCRACIA

Sin embargo, no todas las voces mostraron el mismo entusiasmo. Desde CREA, Gabriel Vázquez Amábile planteó reparos sobre el posible enfoque que podría tomar una ley de este tipo en la provincia.

“En la intención estamos súper alineados. El suelo es el primer recurso que tenemos. La preocupación es la direccionalidad, que esto no se convierta en un impuesto”, advirtió.

El técnico señaló además que existe temor dentro del sector a que la iniciativa derive en nuevas exigencias burocráticas y controles permanentes. “Tememos que esto se convierta en una VTV. Nos parece que se puede convertir en un impuesto al no partir de diagnósticos claros”, sostuvo.

En la misma línea, cuestionó que se responsabilice exclusivamente al productor por la degradación del recurso y recordó que muchas decisiones productivas estuvieron condicionadas por políticas económicas y comerciales.

“Abandonamos la rotación no por convencimiento sino por necesidad”, expresó, al referirse al impacto de las intervenciones históricas sobre la ganadería y la pérdida de superficie con pasturas. Para Vázquez Amábile, cualquier esquema futuro debe contemplar incentivos y participación activa de los productores: “El productor tiene que estar adentro, no lo podemos criminalizar”.

“HAY QUE MARKETINEAR BIEN LA LEY”

Otro de los participantes del debate fue Leonardo Sarquís, asesor y ex ministro de Agroindustria bonaerense, quien reconoció la necesidad de avanzar en herramientas de conservación, aunque remarcó la importancia de construir confianza con el sector.

“Nadie duda de que hay que tener un control. Hay leyes que funcionan en distintas provincias. Buenos Aires tiene esa burocracia, esa desconfianza, y el análisis del productor es genuino”, señaló.

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Sarquís consideró que uno de los desafíos será comunicar adecuadamente el alcance de la iniciativa para evitar resistencias. “Para que yo adhiera, lo primero es ‘marketinearla’ bien a la ley, mostrar que no es una invasión”, afirmó.

El cierre del panel volvió a quedar en manos de Studdert, quien insistió en la urgencia de actuar frente al deterioro del recurso. “Estamos en un momento crítico y si no hacemos algo vamos a perder a la gallina de los huevos de oro”, alertó.

Por su parte, concluyó con una convocatoria amplia al sector: “Empecemos a cambiar, sea con ley o sin ley. Hagamos algo porque si no vamos a perder la posibilidad de trabajar”.