Según la UATRE, “convirtieron la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”. Concretamente, denuncian pagos millonarios a un laboratorio de manera ilegal, el fin injustificado de tratamientos y la incorporación de personal con sueldos altos.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) amplió este lunes su cruzada contra el Gobierno nacional, a raíz de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (Osprera), ocurrida a fines del año pasado.

A través de un comunicado, el gremio informó que “ha presentado una denuncia contundente contra la intervención en Osprera, señalando irregularidades graves en la gestión de recursos y en la atención a los afiliados”.

El sindicato que conduce José Voytenco resumió que esta nueva denuncia apunta a que “desde que el gobierno nacional designó a Marcelo Petroni como interventor, se han registrado pagos millonarios a un laboratorio sin contratos vigentes, mientras se suspenden pagos a proveedores esenciales, lo que ha generado interrupciones en tratamientos críticos”.

LA UATRE CONTRA EL GOBIERNO: OTRO ROUND POR OSPRERA

Cabe recordar que a mediados del año pasado, el gremio había retomado el control de la obra social, pero luego el Ejecutivo decidió intervenirla, aduciendo una deuda multimillonaria, lo que derivó en un largo conflicto que tuvo su último capítulo hace unas semanas, cuando el sindicato denunció que un afiliado falleció culpa de que le negaron su tratamiento oncológico.

Ahora, la denuncia de la UATRE apunta a que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, “se ejecutaron pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio que no provee medicamentos a los afiliados”.

Según el sindicato, “estos pagos carecen de justificación y se realizaron fuera del marco legal vigente, afectando directamente el patrimonio de la obra social y la salud de sus beneficiarios”.

“Convirtieron a la Obra Social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, sostiene la denuncia, sin tapujos.

Simultáneamente, afirma que “se han incumplido compromisos de pago con droguerías que sí mantienen la provisión de medicamentos, lo que ha resultado en la suspensión de tratamientos para pacientes con enfermedades graves como cáncer, HIV y diabetes”.

“Este sistema de gestión arbitraria ha llevado al agravamiento de patologías y, en algunos casos, al fallecimiento de pacientes, como los casos de José Garavento y Marta Susana Morfil, ya denunciados ante la justicia”, acusó, con gravedad.

Tras la muerte de un trabajador rural, la UATRE realizó duras denuncias contra el Gobierno

En paralelo, dijo también que “la situación se agrava con el nombramiento de 79 personas en cargos administrativos, cuyos salarios alcanzan cifras exorbitantes, superando los 370 millones de pesos en enero de 2025”.

“Mientras tanto, los trabajadores rurales enfrentan cortes masivos en sus tratamientos, lo que ha derivado en más de 60 procesos judiciales en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario, evidenciando el colapso del sistema de salud de Osprera”, completó.

LA DENUNCIA DE LA UATRE, TAMBIÉN CONTRA FUNCIONARIOS

Además, UATRE acusa a Petroni de incumplir normativas del Ministerio de Salud, como la Resolución n°4912/24 y el Decreto N°1045/2024, que priorizan los pagos para tratamientos en curso y prohíben el pago de deudas sin auditorías.

La denuncia también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, por presunto abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según la presentación judicial, estas autoridades no tomaron medidas para controlar las irregularidades, permitiendo la continuidad de las maniobras denunciadas.

“La intervención en Osprera, ordenada en octubre de 2024, ha estado rodeada de controversias desde su inicio, incluyendo irregularidades en el proceso judicial que la autorizó. A pesar de ello, la intervención se mantiene, mientras los trabajadores rurales y sus familias enfrentan una crisis sanitaria sin precedentes”, enfatizó la Uatre.

El comunicado cierra señalando que el gremio “continúa exigiendo respuestas y soluciones inmediatas para garantizar la atención médica de los afiliados. Las denuncias presentadas buscan no solo justicia para los afectados, sino también la restitución de un sistema de salud que priorice el bienestar de los trabajadores rurales”.