Desde Sociedades Rurales del norte y el sur provincial acusaron a la Provincia de enviar cedulones con aumentos superiores a los pautados. Desde la Gobernación respondieron que no es así y explicaron cómo se deben calcular los incrementos.

Con los impuestos como punto de ebullición, la relación entre el campo y los gobiernos provinciales transita la delgada línea entre el diálogo y los reclamos, incluso en una provincia como Córdoba donde, en general, el ruralismo se destaca con tener buena relación con las autoridades.

Ese intercambio mostró momentos de tensión en los últimos días, luego de que las dos Sociedades Rurales más fuertes de la provincia, la de Río Cuarto y la de Jesús María (como cabeza de las del Noroeste, que incluyen también a Cruz del Eje y Deán Funes), salieran a cuestionar con dureza a la conducción de Martín Llaryora.

¿El motivo? Aseguran que comenzaron a llegar cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) con incrementos superiores a los que se habían prometido y pautado incluso con los integrantes de la Mesa de Enlace cordobesa.

A priori, las subas debían tener un tope del 172,5% y desde estas entidades del agro sostienen que se han registrado alzas que llegan hasta el 300%.

Desde la Provincia respondieron que no es así, que se está cumpliendo lo pactado, y explicaron cómo debe realizarse el cálculo para entender las actualizaciones del IIR.

IMPUESTOS: EL RECLAMO RIOCUARTENSE

En primer término, la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) no se quedó quieta y llamó a una asamblea a este lunes, convocando a “todos los productores agropecuarios que quieran participar”, que se llevará a cabo en la sede de la entidad a partir de las 18.

Lo que se discuta y mencione en esta reunión podrá seguirse en vivo a través del siguiente link: https://youtube.com/live/9fhTrG5hzXE?feature=share

Desde la Rural del sur cordobés indicaron que fue invitado Llaryora “para que conozca, en primera persona, el descontento generalizado que existe, así como las causas de ese descontento”.

“Entre esas causas, la principal son los aumentos desproporcionados del inmobiliario rural por parte de un gobierno que, paradójicamente, pide que le saquen el pie de encima al campo”, cuestionaron.

Todo esto, fue acompañado por un duro comunicado en el que cuestionaron “los costos de la mentira que siempre termina pagando el que produce” y criticaron que “es fácil pedir la quita de retenciones a la producción agropecuaria, para poder después lucrar con ese rédito”.

IMPUESTOS: EL NORTE CORDOBÉS, TAMBIÉN ENOJADO

Por su parte, las Rurales del Arco Noroeste cordobés también se expresaron al respecto, en un comunicado titulado “Reclamo, desconcierto y confusión”.

En el mismo, señalaron que no se encuentra razón al “confuso, ilógico y rebuscado argumento tras la suba del impuesto inmobiliario rural”, y argumentaron que este desconcierto queda palpable en que “es difícil que los funcionarios públicos expliquen con una lógica unívoca y clara los motivos y fórmulas utilizadas en lo concerniente a las cifras expresadas en los cedulones”.

“No alcanzan las explicaciones rebuscadas entre inflación de un ítem, incremento o baja de rentabilidad de sectores, aumentos de costos por otro”, enfatizaron.

Y completaron: “La situación actual de la producción primaria no requiere más impuestos, ni siquiera igua larlos al año anterior. Demanda reducciones que sean un acompañamiento en la salida de tres años de sequía, de una presión fiscal asfixiante en todos los niveles, un escenario comercial desfavorable por el arrastre de precios relativos que destrozaron bolsillos y las inversiones, generando un lastimoso mercado financiero paralelo que hoy explota por el aire”.

IMPUESTOS: LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Bajo esta situación, el Gobierno cordobés salió a responder los reclamos e insistió en que los aumentos están siendo los pautados, aunque deben realizarse bien los cálculos para comprenderlos.

Para aclarar las dudas, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Bioagroindustria y de la Dirección General de Rentas estuvieron en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto –donde hoy será la asamblea de productores– para detallar la composición del impuesto inmobiliario rural.

El encuentro, con dirigentes y productores, “tuvo por fin esclarecer interrogantes en la interpretación del cedulón al comparar el impuesto bruto del año 2025 con el impuesto abonado en el año 2024 con descuentos incluidos”, informaron desde la Provincia.

Para llevar tranquilidad, la gobernación incluyó declaraciones de un productor agropecuario de La Aguada, Sergio Ricci, quien confirmó que las subas son conforme a lo que se había previsto.

“Pudimos aclarar nuestras dudas y corroboramos que el aumento, efectivamente, sí es del 172.5%, la diferencia está ahí, el productor no tiene las herramientas y el conocimiento para poder sacar bien los cálculos”, dijo Ricci.

Y también reconoció que no se estaba analizando correctamente la descripción del cedulón: “Hay una serie de descuentos y topes que uno no tenía en cuenta, pero aplicándolos el aumento no pasa del 172.5%”.

“Me voy satisfecho, nos pudimos reunir y desde Rentas nos aclararon todo. Teníamos dudas sobre el vencimiento del pago anual que es el 10 de febrero, pero tenemos otros vencimientos: el 10 de marzo, 10 de abril y uno más el 10 de mayo, como era anteriormente. Me parece que el monto es razonable con el año que hemos atravesado”, concluyó.

A su turno, el director de Infraestructura Agropecuaria, Franco Muganini, agregó: “Estamos para evacuar estas dudas, y el principal tema que vemos es la comparación que hace el productor respecto de lo que pagó el año pasado, y lo que le llegó este año para pagar, ahí se ha generado la gran confusión”.

“Hoy Rentas está presente para que el productor pueda ver y pueda comparar el impuesto bruto que pagó en el 2024 contra el impuesto bruto del año 2025. La información siempre está, y el gobierno de la provincia de Córdoba siempre ha estado con las puertas abiertas para evacuar cualquier clase de consultas”, remarcó el funcionario.

“Veo que a otras provincias les dan regalías y a nosotros nos hacen pagar retenciones”

En concreto, la aclaración que realizó la Dirección General de Rentas es que este año se incorporó como beneficio adicional un diferimiento excepcional en el pago del impuesto para que no exceda el 172,51% de la liquidación del año 2024, según la variación anual del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Asimismo, se establece el beneficio del pago de la cuota única sin actualización hasta el 10 de mayo del corriente año y aquellos productores que por una situación crítica no pudieran pagar el tributo tienen la posibilidad de solicitar el diferimiento total del impuesto.

El valor así determinado, podrá reducirse de acuerdo a los descuentos que cada contribuyente acceda en virtud de su condición de contribuyente cumplidor (30%) o en caso de cumplir con las Buenas Prácticas Agropecuarias (5%).