La Secretaría de Comercio Interior impuso sanciones por más de $ 400 millones a Molinos Cañuelas y a tres asociaciones de molineros por una supuesta cartelización en 2017. Dura respuesta de la industria.

En un nuevo capítulo dentro de la polémica por los precios de la harina y del pan, la Secretaría de Comercio Interior impuso multas por más de $ 400 millones al Molino Cañuelas y a tres asociaciones de precios por una supuesta cartelización de precios denunciada en 2017.

Se trata de una denuncia que en su momento realizó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la firma Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina) y que el organismo oficial avaló.

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El Gobierno asegura que se pudo comprobar “una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general”.

Por eso, impuso una multa de $ 150 millones a Molino Cañuelas y la misma cifra a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), mientras que sumó una multa de $ 93,97 millones para la Cámara de Industriales Molineros, y una de $ 51,13 millones para la Asociación Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra).

A la Justicia

Bajo este panorama, la FAIM emitió un comunicado en el que rechazó “expresa y enérgicamente” la Resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior, y dijo que la multa que la obligan a pagar es “exorbitante e infundada”.

La entidad consideró que la medida es además “groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

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“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, subrayó.

Y adelantó una denuncia ante la Justicia: “En ese entendimiento, FAIM recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan, a fin de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar -reiteramos- arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

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