Propiedad intelectual en semillas: en el campo insisten con el sí a una nueva ley, pero no a UPOV 91
Durante su discurso en el Congreso, Milei mencionó que uno de los ejes de la “revolución del agro” que propone es mejorar el régimen de propiedad para los “innovadores” en semillas. El acuerdo comercial con EE.UU. supone la adhesión a UPOV 91.
El presidente Javier Milei quiere impulsar una “revolución” en el agro, para duplicar la producción nacional de granos hasta alcanzar 300 millones de toneladas, y considera que uno de los ejes para lograrlo es avanzar con una normativa que brinde mayor protección a los obtentores de semillas con mejoras biotecnológicas.
“Daremos un régimen de propiedad para los innovadores en semillas”, fue una de las frases que Milei expresó en su discurso ante el Senado, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Cabe recordar que la actualización o reforma de la Ley de Semillas es un debate que hace años no logra avanzar, al punto que gran parte de la industria semillera armó su propio mecanismo para poder obtener regalías, a través del sistema Sembrá Evolución.
Mientras tanto, el acuerdo comercial que rubricó Argentina con Estados Unidos impone la adhesión de nuestro país al convenio UPOV 91, abandonando el convenio UPOV 78.
SEMILLAS: LA VISIÓN DE LA FEDERACIÓN AGRARIA
En este contexto, tras el discurso de Milei, la Federación Agraria Argentina (FAA) sentó su posición con relación al discurso de Milei.
Específicamente en lo referido a semillas, se manifestó a favor de modernizar la normativa que está prácticamente sin cambios desde la década del ’70, pero insistió en su negativa a apoyar el ingreso a UPOV 91.
Desde el ruralismo se niegan a este cambio porque aseguran que UPOV 91 le resta derechos a los productores, sobre todo al uso propio, y que no es un indicador fiel de mejoras productivas, habida cuenta por ejemplo que Brasil todavía adhiere a UPOV 78 y lo mismo le ha sacado grandes ventajas de rendimientos a nuestro país.
“Estamos a favor de modernizar la ley con consenso y sin imposiciones externas, y con dar incentivos a la inversión en tecnología y contar con variedades de semillas más avanzadas para producir más. Pero nos preocupa que se nos imponga una norma internacional no decidida por nuestro país, cuando existen alternativas concretas de mejora de nuestras leyes sobre las que podemos trabajar”, subrayó Andrea Sarnari, presidenta de la FAA.
Y añadió: “Somos conscientes de que es necesario modificar la ley actual y modernizarla. Estamos trabajando el tema en la Mesa de Enlace junto con AACREA y AAPRESID, y creemos que estamos muy cerca de tener una propuesta de consenso que pueda ser aprobada por el Congreso”.
SEMILLAS: LA OPINIÓN DE CARBAP
En tanto, horas antes del discurso de Milei, la que ya había expresado su opinión al respecto fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
En este marco, si bien CARBAP dijo celebrar el acuerdo con Estados Unidos, por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial, aseguró que “surgen preocupaciones respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91”.
Al respecto, la Confederación recordó que Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas y este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio.
Las semillas y la propiedad intelectual: la hora de que el Congreso dé una respuesta satisfactoria
“Bajo este esquema, países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente su producción de soja, demostrando que es posible combinar innovación y crecimiento dentro de ese marco normativo”, enfatizó.
Y prosiguió: “Desde CARBAP entendemos que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación. Los obtentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”.
¿Cuál es el problema de UPOV 91 según CARBAP? Que “restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”.
“Nuestra posición es clara: es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”, remarcó.
A) Brasil No UPOV 91 nunca DEX
B) Argentina va a UPOV 91 y DEX.Veníamos perdiendo la carrera
2010 Brasil 68 mill tons soja 2026 va a 180 mill tons
2010 Argentina 54 mill tons y 2026 va a 50 mill tons.Ahora le vamos a dar un poco más de ventaja a Brasil con UPOV 91.
— Santiago del Solar (@Santiagodelsola) March 2, 2026
Además, consideró que el debate “no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores”, porque “Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas”.
“El problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”, completó.
EL PEDIDO SIEMPRE PRESENTE: RETENCIONES
En este contexto, para CARBAP la clave para crecer en productividad es el eterno reclamo sectorial: las retenciones. Al fin y al cabo, es el único país que las aplica y eso resta capacidad de pago para cumplir con las regalías.
“Resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento del sector: los Derechos de Exportación (DEX). Mientras persista esta carga, que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada”, aseguró CARBAP.
Por último, reafirmó su mirada sobre que “cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos. Las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso”.
“La Argentina necesita más innovación, inversión y producción. Pero también necesita acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad”, concluyó.
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