Duró poco el entusiasmo: una decisión del Parlamento europeo pone en stand by el acuerdo Mercosur-UE
En una votación ajustada, el órgano legislativo de la UE remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia europeo para que evalúe algunos aspectos de su legalidad. La clave es que este Tribunal suele tardar entre 18 y 24 meses en dar opinión.
Son numerosos los comunicados e informes que se han dado a conocer en los últimos días y en los que se insiste en los grandes beneficios que se pueden esperar para las exportaciones argentinas, una vez que comience a aplicar el acuerdo Mercosur-UE firmado el último sábado en Asunción (Paraguay).
Por ejemplo, el propio Gobierno nacional proyecta un incremento del 15% en las exportaciones agroindustriales, y por eso incluyó la aprobación interna del pacto comercial como uno de los proyectos de ley a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso que se realizarán en febrero.
Sin embargo, ese entusiasmo se frenó de golpe en las últimas horas y ahora lo que domina es la incertidumbre, debido a una decisión que tomó el Parlamento Europeo y que podría demorar al menos dos años en que finalmente el acuerdo se ponga en marcha.
EL ACUERDO MERCOSUR-UE, A LA JUSTICIA
En concreto, por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el órgano legislativo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur respeta los tratados de la Unión Europea, por lo que decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según reportaron desde la agencia española de noticias EFE, lo que está sobre la mesa es la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE.
Asimismo, se cuestiona la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
El tema clave en este contexto es que el TJUE, aunque tiene el control total sobre los procedimientos y puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica, suele demorar entre 18 y 24 meses para pronunciar este tipo de opiniones.
En la previa, diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.
A partir de ahora, entonces, queda saber si efectivamente el acuerdo ingresará en esta suerte de pantano judicial que barre con todas las expectativas optimistas que se habían generado en su entorno, más allá de algunas voces, como la del analista Javier Preciado Patiño, que vienen advirtiendo que su aplicación no será sencilla.
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