Según la Fundación FADA, la participación del Estado en la renta agrícola cayó a 56,3%, el valor más bajo desde junio de 2018 y el segundo menor en la serie histórica que comienza en 2007. La reducción de retenciones es un factor fundamental en este proceso.

El nuevo Índice de Participación del Estado en la renta agrícola de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) marca un leve alivio para el agro, pero deja en claro que el peso de los impuestos continúa siendo uno de los principales condicionantes de la actividad.

Tras la baja permanente de las retenciones anunciada en diciembre, el indicador descendió desde el 60,9% registrado en septiembre hasta el 56,3% actual. La señal es positiva, aunque insuficiente: más de la mitad de la renta agrícola sigue yéndose en impuestos.

De todos modos, mirando el vaso medio lleno, se trata del índice más bajo en siete años (55,8% en julio de 2018) y es el segundo más bajo de la serie histórica que comienza en 2007.

Desde la Fundación explican que cada punto que se reduce en la presión impositiva tiene un impacto directo sobre la actividad.

“Con menos impuestos se va destrabando esa rueda en la que estamos todos y hace que se movilice la economía”, señaló Antonella Semadeni, economista de FADA, al analizar los efectos de la reducción de los Derechos de Exportación.

LA PRESIÓN IMPOSITIVA AL CAMPO

El Índice FADA mide cuánto de la renta agrícola termina en manos del Estado luego de afrontar todos los costos productivos. Semillas, fertilizantes, labores, salarios, fletes y seguros son parte del camino previo a la cosecha. Una vez vendido el grano, el resultado económico se divide en tres grandes porciones.

“La plata que queda después de pagar los costos se reparte entre el alquiler de la tierra, la ganancia del productor y los impuestos”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

En números concretos, el 27,9% corresponde al dueño de la tierra, el 15,8% es ganancia y el 56,3% se destina al pago de impuestos. “Eso es lo que refleja el Índice FADA: cuánto pesa el Estado sobre lo que genera una hectárea agrícola”, agregó.

La baja del indicador respecto de la medición anterior se explica, principalmente, por dos factores. Por un lado, la reducción efectiva de las retenciones, con alícuotas que pasaron al 24% en soja, 8,5% en maíz, 7,5% en trigo y 4,5% en girasol. Por otro, una mejora en los precios de la soja y el maíz, que elevó el valor de la producción y, en consecuencia, la renta agrícola.

PARA 2026, UN MEJOR ESCENARIO

De cara a la campaña 2025/26, el informe de FADA traza un panorama productivo favorable, con mayor previsibilidad y una expectativa de crecimiento en volumen.

Se proyecta una mejora cercana al 18% en la producción conjunta de soja, maíz, trigo y girasol, lo que equivale a unas 16 millones de toneladas adicionales respecto de la campaña anterior.

El impulso vendría principalmente de maíz, trigo y girasol. El maíz crecería un 16%, el trigo se encamina a una campaña récord con un salto del 38% y el girasol aumentaría un 23%. La soja, en cambio, mostraría una leve baja del 2%. En materia de precios, las proyecciones son más cautas: se espera un escenario neutral, con valores similares a los actuales.

Esto configura una campaña con más toneladas, pero sin mejoras significativas en los precios, lo que vuelve a poner el foco sobre los costos y la carga impositiva como variables clave para la rentabilidad.

IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIAS  

Del total de impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,5% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, recursos que no regresan a las provincias. El 37,1% son nacionales coparticipables, el 5,7% provinciales y apenas el 0,7% municipales.

La ola femenina que renueva el agro: en 5 años, se sumaron más de 200.000 trabajadoras al sector

Un dato relevante es que la participación de los impuestos no coparticipables se ubica entre las más bajas desde que se mide el índice, en 2007, como resultado directo de la baja de las retenciones.

A nivel provincial, el índice muestra diferencias marcadas. Mientras el promedio nacional es del 56,3%, Córdoba registra un 54,3%, Buenos Aires 54,5%, Santa Fe 53,5%, La Pampa 53,6%, Entre Ríos 60,3% y San Luis 51,4%. Las brechas responden a rindes, estructuras de costos e impuestos locales.

“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, concluyó Semadeni.

El mensaje de fondo es claro: aun con señales positivas y mayor previsibilidad, la mochila impositiva sigue siendo pesada. Y mientras más de la mitad de la renta agrícola se destine a impuestos, el desafío de producir en Argentina seguirá estando, campaña tras campaña, sobre la mesa.