La Sociedad Rural reclamó por una serie de cambios que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires está intentando imponer en la Ley Fiscal 2026. "Traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre", criticó.

El proyecto de Ley Fiscal 2026 que elevó el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires ante la Legislatura enciende alertas en el sector agropecuario debido a que, de aprobarse tal como fue enviado, le daría al gobernador Axel Kicillof la potestad de modificar a su gusto aspectos claves del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR).

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue la que salió a agitar la voz al respecto, en un comunicado en el que manifestó su preocupación frente a este proyecto de Ley Fiscal y reclamó que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al IIR.

“Advertimos que el proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”, expresó la entidad que conduce Nicolás Pino, en un comunicado.

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En particular, la SRA señaló el Artículo 133 que habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva.

Por otro lado, mencionó el artículo 167 que permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, “afectando nuestra capacidad de planificación”, cuestionó la Rural.

Asimismo, apuntó que el esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley.

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Bajo este panorama, la SRA consideró que “la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa”.

“Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, remarcó la entidad.

IMPUESTOS A LAS INUNDACIONES

Por último, la Sociedad Rural le recordó a Kicillof que este debate ocurre mientras continúan sin llegar soluciones para los productores que sufren las inundaciones en el centro-oeste bonaerense.

“Seguimos advirtiendo que estamos inmersos en el mencionado debate en momentos donde miles de hectáreas están bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”, disparó la SRA.

Y cerró: “Además, los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires”.