Con quejas hacia la Justicia del Trabajo, entidades del campo ratificaron un planteo ante la Corte Suprema
Se trata del pedido que se revea un fallo que encarece los costos laborales que vienen impulsando de manera conjunta la Sociedad Rural, Coninagro y CAME.
“Ante la pasividad de la Justicia del Trabajo, recurrimos a la Corte Suprema”, informaron este martes la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Y ampliaron: “Continuamos nuestro reclamo respecto a la reducción de la tasa de interés aplicable para créditos laborales, esta vez en la Corte Suprema”.
Se trata de un planteo que se remonta a un año atrás: el 12 de julio de 2023, estas tres entidades presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ante la Corte Suprema, para que se revea un fallo judicial que encareció la tasa de interés que incide en los juicios laborales.
Sin respuestas, a principios de mayo pasado volvieron a presentarse y aseguran que la Justicia laboral solo les aceptó el reclamo, pero sin dar una respuesta concreta y por eso decidieron en las últimas horas insistir nuevamente, aunque en esta oportunidad solo ante el máximo tribunal de la Nación.
LA JUSTICIA DEL TRABAJO, EN LA MIRA
Concretamente, las tres entidades mencionadas informaron que recientemente recibieron respuesta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante el último escrito presentado el 3 de mayo pasado.
“Luego de dos presentaciones contra la tasa de interés aplicable al fuero, se limitó a ‘tener presente’ el pedido formulado. Frente a esta falta de respuesta, las entidades volvieron a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requiriendo una urgente solución, atento que el tiempo transcurrido agrava las circunstancias”, precisaron.
En concreto, consideraron que el acta 2.783/24 “genera consecuencias desproporcionadas e irrazonables que provocan el cierre de empresas y la reducción de innumerables puestos de trabajo”.
“Una cuestión de extrema importancia y gravedad que la Cámara continúa sin resolver”, se quejaron.
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