El Gobierno, con el respaldo de ACNOA, presentó un proyecto de ley para crear el Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL). Fuerte rechazo de las empresas, que lo consideran una intervención del mercado.

Una fuerte polémica se armó en las últimas horas en una de las economías regionales más importantes de la Argentina: la del limón.

Sucedió tras la decisión del Gobierno de Tucumán de presentar un anteproyecto de ley ante la Legislatura de esa provincia para crear el “Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL)”.

El Ejecutivo tucumano argumentó que el objetivo es ayudar al sector privado a frenar el proceso de crisis que atraviesa la cadena, con cada vez menos hectáreas en producción, pero desde las grandes empresas limoneras no lo interpretaron así, sino que lo leyeron como una intervención estatal del mercado.

Una veintena de compañías emitieron un comunicado con fuertes críticas a la administración de Osvaldo Jaldo, y en el medio, también subyace una aparente interna: las empresas aseguran que este anteproyecto no fue compartido ante la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), cuando el Gobierno asegura que sí e incluso difundió declaraciones en ese sentido del presidente de la entidad.

LA POLÉMICA POR EL LIMÓN EN TUCUMÁN

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, fue quien en las últimas horas salió a explicar cuál es el objetivo que pretende el gobierno provincial con la presentación ante la Legislatura de este Instituto de Fomento del Limón.

“Es un proyecto que fue pedido por ACNOA, que nuclea a los citricultores de Tucumán y Salta. Nos pidieron una herramienta que trate de articular con el sector citrícola un problema de superproducción que viene acarreando desde el 2017”, indicó.

Desde el punto de vista oficial, los problemas en la cadena limonera obedecen a que “hay excedente en la producción de limones y sus derivados como el jugo, problemas de precio en el mercado mundial y competencia con Sudáfrica”.

Esto, según Abad, generó una alerta porque el sector emplea de manera directa a indirecta a unas 50.000 personas.

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“La intención es acompañar al sector privado para que desarrolle su actividad ya que no perjudica a nadie y nosotros facilitamos la vía para que se pongan de acuerdo. Estamos haciendo lo que ellos pidieron por nota a través de su presidente Pablo Padilla para que le proveamos de herramientas para encontrar solución a la actividad”, prosiguió Abad.

Y completó: “ACNOA nos pidió articular una herramienta con la experiencia que tenemos y elaboramos un ante proyecto de ley -que para nada es gigantesco y con pocos empleados– de manera que se puedan sentar institucionalmente para encontrar vías de solución, que por lo visto no lo están encontrando”.

“Acompañamos al sector privado, no nos metemos en el área, los que tienen convenios que ganen dinero”, enfatizó el Ministro.

LA PALABRA DE ACNOA

Por su parte, el titular de ACNOA, Pablo Padilla, se pronunció a favor de la iniciativa y coincidió con las palabras del titular de la cartera económica.

“No se trata de una intervención por parte del Estado, sino de una herramienta con la que se pueda ordenar al sector para encausarlo, nuevamente, en un camino de crecimiento y rentabilidad y no de sometimiento de los fuertes sobre los débiles”, reveló.

En tanto, disparó: “Nadie puede decir que no es verdad y que estamos viviendo una situación de crisis y que esto está impactando en la provincia. La decisión del gobernador (Osvaldo Jaldo) ha sido darnos una herramienta o generar una herramienta para lograr los consensos que necesitamos y que el sector privado no ha sido capaz de generar por sí solo”.

Como números relevantes que reflejarían esta crisis, Padilla citó que hay 6.000 hectáreas de producción que se están perdiendo y 11.000 que ya fueron abandonadas.

“El Gobernador está diciendo, señores limoneros, vengan, siéntense, les doy el marco legal para que trabajen y traten de conseguir los acuerdos necesarios para corregir lo que está pasando”, remarcó Padilla.

EL ENOJO DE LAS EMPRESAS

Pero, como se mencionó, desde las grandes productoras y procesadoras de limón de Tucumán no tienen la misma opinión.

El comunicado que emitieron Acequiones SRL, Argentin Lemon SA, Biotuc SRL, Citromax SA, Citrusvil SA, Diego Zamora e Hijo SRL, Finar SA, Frutucumán SA, Inducítrica SA, Juan Antonio Zamora, La Patria SRL, Lapacho Azul SA, Los Pempa SA, Nougues SA, San Miguel, Ucuchacra SA y Veracruz SA, que representan el 75% de la producción limonera tucumana, fue particularmente duro sobre esta iniciativa.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y nos oponemos al Proyecto de Ley 17-PE-24. A diferencia de lo que la ley pretende proteger, esta disposición perjudica a Tucumán y favorece directa, e injustamente, a otras provincias productoras como podrían ser Salta, Jujuy, Corrientes y a otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Sudáfrica, etc., que sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir”, reclamaron.

Desde su punto de vista, el fundamento que da origen al proyecto es equivocado, porque aduce una crisis de sobreproducción como si sucediera solo en Tucumán, y no como ocurre en la realidad que es un fenómeno de alcance global.

“Los productores de limón de Tucumán no somos los únicos en el mundo. Somos un jugador relevante por cierto, pero representamos solamente el 15% de la producción de limón del mundo. Tenemos que competir contra todo el resto en el mercado mundial, donde rige el libre juego de la oferta y demanda”, explicaron.

En esa línea, añadieron: “La crisis de la citricultura tucumana, al igual que en el resto del mundo, se debe a un crecimiento excesivo de plantaciones de limón. Cuando los precios del limón y sus derivados eran altos, existió la tentación de incrementar la producción. Esa tentación llevó a la generación de excedentes que hace años causan una depresión en los precios internacionales del limón fresco, el jugo y el aceite esencial”.

La queja, además, es porque el Instituto de Fomento se financiaría por medio de una tasa que se cobraría a las empresas.

“Creemos que las soluciones de esta crisis mundial no deben pasar por afectar solamente la productividad de las empresas tucumanas mediante un depósito compulsivo de parte de los productos que industrializamos, ni por aumentar enormemente nuestros costos con el mantenimiento de esos productos en depósito supercongelado, sin dejar de considerar la carga que deberíamos afrontar con la nueva tasa para el sostenimiento del Instituto de Fomento para el Crecimiento y Fortalecimiento del Limón y su personal, que se crea para intervenir reduciendo solamente la oferta de Tucumán al mundo. Intervencionismo estatal en un mercado que era libre, a contramano de los tiempos que corren”, apuntaron los industriales.

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Y aquí fue donde aseguraron que el proyecto nunca se debatió en ACNOA, cuando el Gobierno y el propio presidente de ACNOA señalan lo contrario.

“Necesitamos reducir nuestros costos para mejorar nuestra competitividad, mejorar la eficiencia de nuestros procesos y desarrollar nuevos mercados y productos. Reconocemos la necesidad de buscar soluciones ante tal situación de crisis; sin embargo, discrepamos profundamente con todas las iniciativas de este proyecto, que NUNCA ha sido presentado ante la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) o la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), las entidades privadas más representativas de nuestro sector”, señalaron las empresas limoneras en el comunicado.

Por todos estos motivos, el párrafo final estuvo destinado a un mensaje a los legisladores provinciales: “Pedimos que no aprueben este proyecto y que el Gobierno Provincial y Nacional convoque a los actores más representativos del sector para construir en conjunto propuestas que no arrastren a la citricultura Tucumana a una crisis terminal”.