En medio de denuncias de fraude en la votación de la Ley Bases y sospechas por la protección de diferentes sectores políticos, el Congreso y toda la política argentina están discutiendo actualmente sobre “El Rey del Tabaco”, como se conoce al empresario Pablo Otero, dueño de la cigarrera Sarandí. Esta firma viene siendo denunciada por

En medio de denuncias de fraude en la votación de la Ley Bases y sospechas por la protección de diferentes sectores políticos, el Congreso y toda la política argentina están discutiendo actualmente sobre “El Rey del Tabaco”, como se conoce al empresario Pablo Otero, dueño de la cigarrera Sarandí. Esta firma viene siendo denunciada por las grandes tabacaleras multinacionales por aprovechar ciertos grises de la legislación para eludir el pago de impuestos internos, lo cual lo coloca en clara ventaja respecto a sus competidoras.

Hasta aquí, más allá de la competencia desleal, el gran perjudicado por la situación parece ser el Fisco, que deja de recaudar cifras multimillonarias. Pero nadie se ha preguntado qué opinan los productores de tabaco de las siete provincias que en el norte argentino se dedican a este cultivo y que también serían víctimas de la situación. Tanto, que según recuerda Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy y actualmente principal referente de la Federación Argentina de Productores de Tabacaleros, fueron ellos los primeros en comenzar a denunciar estas irregularidades allá cuando nadie hablaba del tema, en el 2021.

-Hablás en nombre de todas las provincias tabacaleras, que son varias… Siete en total, las más importantes, Salta, Jujuy y Misiones, y después el Chaco, Tucumán, Corrientes, algo en Catamarca, y así seguimos sumando. La gente escucha hablar del debate tabacalero en la Cámara de Diputados, a raíz de la Ley Bases, escucha hablar del Rey del Tabaco, pero nadie le ha preguntado a los productores tabacaleros qué piensan respecto de esta pelea, que es entre empresas cigarreras. Porque lo primero que hay que diferenciar es al productor de las fábricas de cigarrillos.

-Sí. La producción primaria es una cosa, la industria es otra, y mucho más la comercialización. El conflicto es pura y exclusivamente un tema legal, un tema económico y un tema administrativo. Legal porque hay una ley de impuestos internos, la 27.430, dictada a fines de diciembre del 2017, con vigencia en 2018, donde se impone, por cuestiones no solamente del espíritu legislativo sino también por normativas supranacionales, que se refieren a los compromisos asumidos por Argentina ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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-¿Son las políticas internacionales para desalentar el consumo de tabaco en todo el mundo?

-Así es. Entonces somos parte también de esas exigencias, que obligan precisamente a tener una política de alícuotas altas de impuestos, para llevar un sistema de precios altos, de modo tal de desalentar el fumado, y mucho más en los jóvenes. Por otro lado una cuestión económica. Las tabacaleras, en sus derechos constitucionales, no solamente de producir sino también de comercializar. Es aquí que una de las tabacaleras, que es Sarandí, se acogió a ciertos beneficios de lo que se llaman medidas cautelares judiciales, aduciendo que esa imposición de ese mínimo que impone esta Ley del Impuestos Interno de 2017, la perjudica en ese equilibrio y en esa equidad comercial que debe haber entre todas. Entonces hace una presentación, primero de cautelar y después de una acción de inconstitucionalidad de ese artículo. Eso se judicializa y entonces, ¿qué ocurre? Comienza a tributar solamente la parte de la alícuota que corresponde al impuesto interno, pero no así el mínimo.

-¿Y quién sale perjudicado?

-Ese marco establecido ha causado serios problemas económicos, no solamente para la Nación, sino también para las provincias, porque dentro de la estructura impositiva que grava la venta de cigarrillos también hay otros ítems, como lo que es el Fondo de Acción Social, el Fondo Especial del Tabaco, IVA, Ingreso Bruto, y también la cuestión de débitos y créditos.

-Hasta ahora queda como que la única perjudicada de la situación parecía la AFIP. Pero ahora ustedes dicen también el entramado productivo en las provincias y los propios productores resultan perjudicados.

-Claro, el erario de la Nación es el primero, porque estos recursos la Nación lo dedica mucho a toda la cuestión, no solo de que decía el Fondo de Acción Social, sino que hace también con la otra parte, lo destina a las viviendas, lo destina a soportar todas las cuestiones de salud y a mitigar precisamente los daños que ocasiona en ese sentido el fumado del tabaco. Entonces, claro, esto empieza a tomar ribetes que ya vemos, que esta recaudación empieza a menguar notoriamente. Por eso empezamos nuestros reclamos allá por el año 2018, 2019.

-Cinco o seis años atrás…

-Y en septiembre del 2021 hacemos una fuerte movilización de los productores todos en Buenos Aires, donde concurrimos solamente a la Cámara Federal de Apelación en lo Administrativo, sino también vamos a la AFIP, vamos a la Secretaría de Agricultura, vamos a la Comisión de Economía Regional en Diputado, mostrándole que este defecto ya traía serios problemas y sobre todo perjuicios irreversibles en lo económico para nosotros. Lo hacíamos para nosotros, pero también veníamos mostrando estos perjuicios económicos para la nación. Recién ahora vemos todo lo que está ocurriendo.

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Pascuttini, entrevistado por el programa Colonia Agropecuaria, por AM 550, explicó que los cigarrillos tienen, por distintas vías, una alta carga impositiva, a veces por las exigencias de la OMS, a veces por necesidad de caja de los distintos gobiernos, pero una parte de eso va a un Fondo Especial del Tabaco. ¿De qué se trata?

“Lo que es el Fondo Especial del Tabaco es la otra parte del precio que obtiene el productor de materia prima por el hecho de hacer este producto. Cuando va a un acopio, vende su producto, ahí tiene una parte del precio, y la otra parte la cobra a través de los recursos del fondo especial, que precisamente nace de cada paquete que compra el fumador. Esto lo dice la ley 25465, en su artículo tercero, que dice que el FET constituye la otra parte del precio”, explicó el dirigente jujeño.

-¿Entonces el FET no es un impuesto que nos descuentan a nosotros, sino solamente pagan los que fuman?

-Así es, los que fuman lo pagan, y ese 7% va para los productores tabacaleros.

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-¿Y lo destinan a qué?

-Principalmente la mano de obra. Somos los primeros tomadores de mano de obra en el caso de la provincia de Jujuy, después del estado provincial, y es un circuito económico-social con un importante porcentaje en el Producto Bruto Interno Geográfico de la provincia, y así también lo es en las otras. Por con el beneficio de que el 90% de la producción, no solo de Jujuy, sino también de las 7 provincias, se exporta. ¿Y eso qué significa? Divisas, ingresos, más recursos, y más mano de obra. Sobre todo para situaciones como las del NEA, que son minifundio, con una fuerte ascendencia hacia las producciones familiares. La intención del FET es seguir buscándole una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y sus trabajadores.

-¿Y esa recaudación del Fondo del Tabaco también se ve resentida por estas peleas entre empresas cigarrilleras?

-Claro, porque la percepción de lo que es el impuesto interno, cuando es menos en el total, es menos también dentro de ese 7% de lo que se recauda para FET. Entonces cuando nosotros vimos que empieza a aminorar, dijimos esto no va más esta desprolijidad. Este incumplimiento fiscal debe corregirse de alguna forma. Nosotros no estamos dispuestos a seguir con esto. Tiene que haber un orden.

-¿Entonces los productores son partidarios de que se discuta, y que no haya ni hijos ni entrenados en el negocio del cigarrillo, sino que todos paguen por igual?

-Lo que nosotros queremos es un orden jurídico. Los derechos constitucionales no los ponemos nosotros, los pone la Constitución. Entonces decimos a los legisladores que esa parte es de ustedes, la parte nuestra es exigir que se lo cumpla.

-Dijiste que en Jujuy el sector tabacalero es el segundo generador de mano de obra después del sector público. ¿Cómo están los productores en este momento? ¿Es una economía regional que está en crisis como otras o con esto de que son grandes exportadores tienen buenas chances y es mejor el escenario?

-Son dos partes muy claras. Si hablamos de la posibilidad que tenemos de la demanda de nuestro producto, el tabaco, internacionalmente son muy buenas, óptimas, positivas. Porque lo requieren por todas las bondades, no solamente químicas, sino también porque en la cuestión social con los trabajadores. Tenemos los convenios de corresponsabilidad gremial donde todos los trabajadores están registrados y blanqueados en un 100%, con todos sus aportes pagados en origen, precisamente con los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Y también la cuestión social para que no exista trabajo infantil, para que trabajemos sobre un producto que tenga las bondades químicas aceptadas por la OMS. Así es que le hemos agregado alguna cosa precisamente para estar en esa expectativa de mercado internacional.

-Pero…

-Pero por otra parte, nos cruzamos ahora de vereda: al tener los altos costos que tenemos por el insumo del gas, de la energía, el combustible, los abonos y toda la canasta de insumos de agroquímicos, que están en dólares, entonces eso nos encarece demasiado a nosotros, que tenemos precios en pesos. Entonces, por ahí esta dicotomía que vamos teniendo es lo que por ahí se produce una limitante para seguir produciendo. Ahí es donde está la lucha.

-¿Y quien gana esa lucha?

-Siempre el productor tabacalero de Jujuy se caracterizó por ser un luchador, seguir adelante. Venimos como la cuarta, quinta generación ya, de muchos inmigrantes. Lo que sabemos es eso, trabajo, seriedad, austeridad y todo lo que hace precisamente buscar una evolución que queremos para todos.

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