Los hijos de la pavota (perdón, los productores agropecuarios) se quejaron del permiso oficial para que las petroleras exportan granos sin tributar retenciones
Como “un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas” Así calificó la Mesa de Enlace el decreto presidencial que, insólitamente, desempolvó un viejo régimen de hace doce años para justificar una discriminatoria exención de
Como “un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas” Así calificó la Mesa de Enlace el decreto presidencial que, insólitamente, desempolvó un viejo régimen de hace doce años para justificar una discriminatoria exención de retenciones para las petroleras, en una medida que parece hecha a la medida de la estatal YPF Agro.
Bichos de Campo anticipó el jueves lo que decía este grotesco decreto que convirtió en “crédito fiscal” un supuesto beneficio obtenido por las petroleras a través de un viejo programa de fomento, el Refinar Plus de 2009, y les permitirá con ese crédito exportar granos y subproductos agrícolas descontando las retenciones. Así, mientras a los productores se les descuenta un 33% por la soja o el 12% por su trigo o maíz, YPF Agro u otras petroleras podrán exportar esos granos (que suele acumular por sus planes canje) sin depositar la porción de retenciones en el Fisco. Así cobrará el precio lleno y correrá con una envidiable ventaja frente a las cerealeras tradicionales.
“Hoy por decisión del gobierno ganaron las petroleras. ¿Mañana quien será? Lo que es seguro es que puede cambiar quién gana, pero siempre perdemos los mismos”, se quejaron las cuatro entidades del agro en un comunicado conjunto.
Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y CRA consideraron en ese escrito como un nuevo agravio al sector el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y los ministros Juan Manzur y Martín Guzmán que “permite descontar retenciones por derechos de exportación a empresas petroleras que exporten productos agroindustriales”.
“En efecto, aquellas empresas que lograsen incrementar la producción serán beneficiarias de un certificado de crédito fiscal transferible aplicable al pago de derechos de exportación de productos hidrocarburíferos. Así, no tendrán que pagar retenciones por la exportación de trigo, maíz, poroto, aceite y harina de soja”, repitieron, casi con perplejidad, los dirigentes rurales.
Para la Mesa de Enlace, gracias a esta decisión oficial “todos aquellos granos que se reciben en operaciones de canje por insumos agropecuarios como gasoil, lubricantes, entre otros, y que luego son exportados estarán, en la práctica, exentas de derechos de exportación”. Allí corre con amplia ventaja la petrolera estatal.
Además de mostrar asombro por semejante ventaja para el sector petrolero, los representantes agropecuarios consideraron que la decisión “muestra la incidencia extraordinaria que los derechos de exportación tienen en el proceso de producción y rentabilidad de productores y exportadores”.
“Una mirada a los considerandos de la resolución evidencia el reconocimiento explícito que se hace sobre el daño de los derechos de exportación: ¨esta medida promueve e incentiva la actividad agraria y las economías regionales y motoriza la exportación al permitir la monetización inmediata de un crédito fiscal en la cuantía de sus derechos de exportación, que en esta actividad resultan sustancialmente mayores a los derechos de exportación de hidrocarburos”, razonaron los ruralistas.
Los dirigentes de las cuatro entidades consideraron así que “el decreto 722/2021, que discrimina a las exportaciones agropecuarias, es una medida discrecional”, y elucubraron que se trata de una medida “tan contradictoria que evidencia que las retenciones son un gravamen distorsivo que quita competitividad a las exportaciones y aliviarlo resulta no ya un incentivo sino el alivio en un desincentivo”.
“El incentivo manifiesto a las empresas petroleras, rompe toda condición de igualdad con las empresas agroindustriales, que deben exportar en condiciones diferentes y que en definitiva trasladan ese perjuicio a los precios que recibe el productor primario”, concluyeron.
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