El Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es la organización más famosa de todas las que representan a pequeños productores en la Argentina, sin dudas. Tanto que incluso figura en la Wikipedia: sus orígenes románticos datan de 1990, cuando grupos de campesinos se organizaron para resistir los desalojos. Pero luego de muchos años de

El Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es la organización más famosa de todas las que representan a pequeños productores en la Argentina, sin dudas. Tanto que incluso figura en la Wikipedia: sus orígenes románticos datan de 1990, cuando grupos de campesinos se organizaron para resistir los desalojos. Pero luego de muchos años de convivencia con el poder parece haber hecho añicos todo su romanticismo.

Es que tres décadas después de su fundación el Mocase está siendo denunciado por otras familias campesinas santiagueñas de usurparles sus pequeños campos y parcelas, incluso con métodos violentos, como la quema de maquinaria, la utilización de armas de fuego, la destrucción de viviendas, etcétera.

Es un caso muy curioso: hasta ahora el Mocase-Vía Campesina, una de los fracciones en que se dividió el movimiento en 2002, acusaba a los empresarios del “agronegocio” de llevar a cabo este tipo de prácticas para apoderarse de las tierras productivas de la provincia gobernada desde hace mucho tiempo por Gerardo Zamora, quien por cierto jamás pudo o quiso poner freno a este tipo de conflictos por la posesión de la tierra en su provincia.

Por ejemplo, el 15 de junio era el propio Mocase Vía Campesina quien acusaba al dueño de la marca de gaseosas Manaos, Orlando Canido, de intentar “desalojar violentamente” a la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo de su territorio.

“Logramos frenar el desalojo”

El dueño de la gaseosa Manaos intentó desalojar violentamente la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo. Adolfo Farías, integrante del Mocase-VC, hizo llamado de alerta para enfrentar nuevas embestidas del industrial.https://t.co/nHnNGVH7w1

— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) June 15, 2021

Esta es la primera vez que es el Mocase el que es denunciado por llevar a cabo las prácticas que la propia organización denuncia de terceros poderosos. Lo más paradojar es que quienes denuncian que es la esa organización la que los corre de sus campos es nada menos que una Asamblea Autoconvocada integrada por campesinos y promovida sobre todo por mujeres. Se denominaron “Santiagueños en Defensa de la Tierra”.

El 9 de junio este nuevo movimiento denunció la destrucción parcial de una vivienda rural y responsabilizó directamente al Mocase Vía Campesina. La vivienda estaba dentro del campo perteneciente a Irma Maldonado y su familia. “No se trata de imágenes de una tragedia o una desgracia. Tampoco son producto de un sismo o un tornado. Simplemente se trata del Mocase Vía Campesina”, decía la denuncia publicada en las redes sociales.

“De la casa se llevaron mesas, sillas, colchones y cubiertos, sábanas, ropa, puertas, ventanas y tirantes”. Quebrachito pertenece a la localidad de Pinto, en el Departamento Aguirre, donde el Mocase tiene una de sus seccionales más poderosas. “Allí todos se conocen”, afirmó el Movimiento Santiagueños, que culpó de la usurpación directamente al “clan Aguirre”, pero añadió de inmediato que todos “saben que ninguna usurpación se produce sin la orden de Adolfo Farías y Juan Chazarreta”. Son dos de los principales referentes del movimiento campesino a nivel provincial.

Un dato no menos importante es que una tercera referente nacional del Mocase es funcionaria del gobierno nacional, bajo el mando del Ministerio de Agricultura de Luis Basterra. Se trata de Deolinda Carrizo, que en febrero pasado asumió un cargo como directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar

Curiosamente, en la asamblea Santiagueños en Defensa de la Tierra las que más denuncian los atropellos del Mocase Vía Campesina son mujeres campesinas que deberían ser motivo de preocupación central de la funcionaria nacional.

Un buen ejemplo es María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video. El 5 de mayo del año pasado, agregó María, fueron atacados por una patota armada, entre los cuales pudieron reconocer a dirigentes de esa organización social y de la Universidad nacional Campesina (UNICAM) de Villa Ojo de Agua. Las denuncias presentadas no tuvieron avances.

Pese a que parecen defender intereses antagónicos, es histórico el buen vínculo que existe entre Mocase Vía Campesina y los funcionarios de Estado, no solo a nivel nacional sino especialmente con las autoridades provinciales. Eso les permitiría actuar con bastante impunidad ante los ojos de la justicia y la policía provincial. Según denuncian quienes dicen ser sus víctimas, “esta organización opera en manada, con violencia y en la clandestinidad. Llegan en sus camionetas e inclusive cuentan con un camión que oficia de flete. Nunca son menos de treinta personas. Algunas encapuchadas, con machetes, fierros y armas blancas, incendian corrales con animales, herramientas de trabajo y todo aquello que no se pueden llevar”.

El pasado 16 de junio, la Asamblea realizó otra denuncia, este vez referida a la familia Báez.  “Aquí, en la Totorilla, Don Bernardino Báez formó su familia en el siglo pasado. Después fue su hijo Justo Pastor, que con su compañera Josefa Isabel, decidieron que sería la Totorilla donde nacerían sus hijos. Y para ello fundaron una escuela, la Escuela 922 que lleva su nombre”, describen, dando a entender que todos los campesinos desalojados por el Mocase tienen posesión ancestral sobre los terrenos que intentan quitarles. En aquella escuela, sigue la historia, daba clases Lidia “Pori” Iturre, que se casó con Don Raúl Báez. Hoy tienen nietos con ese mismo apellido.

Una integrante del nuevo movimiento que hace estas denuncias -que por ahora pide reserva de su nombre- relata que “lo del Mocase es extremadamente violento”, aunque reconoce que tiene un viso de legalidad a partir del dictado de la Ley 26.160 sancionada en 2006 para declarar la emergencia ocupacional en los territorios que corresponderían a las las comunidades indígenas originarias del país.

Esa legislación devino en un relevamiento territorial cuya responsabilidad está a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que en el caso de Santiago del Estero se apoya muchísimo en los dirigentes del Mocase Vía Campesina. En base a ese relevamiento, esa organización reclama muchas veces territorios a sus ocupantes históricos, con el argumento de que esas tierras pertenecían a alguna comunidad originaria.

Es decir, parece ser el Mocase el que se arroga el derecho de decidir quién es originario y quién no lo es en Santiago del Estero. Y qué campesinos deben defenderse y cuáles, en cambio, se transforman en sus víctimas.