¿Se suspende o se aplica?: 9 claves para entender el presente y futuro del Acuerdo Mercosur-UE
Luego del “ruido” que se generó en la última semana por la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo a la Justicia, desde la Fundación Barbechando hicieron un profundo análisis sobre sus implicancias y qué se necesita para que efectivamente se aplique.
Apenas una semana pasó desde que se firmó el Acuerdo Mercosur-UE en Asunción (Paraguay), pero por la cantidad de repercusiones y de idas y vueltas que ha tenido el tema, pareciera que hubieran transcurrido meses.
De las amplias expectativas y el optimismo inicial, se pasó a un escenario de incertidumbre hace algunos días, cuando el Parlamento Europeo decidió remitir a al Tribunal Superior de la Unión Europea para que opine si este pacto se ajusta a las leyes, algo que podría demorar entre 18 y 24 meses.
No obstante, apareció en las últimas horas una interpretación sobre que el acuerdo podría aplicarse lo mismo de manera provisoria.
En este contexto, la Fundación Barbechando emitió un informe en el que analiza 9 claves para entender el presente y el futuro del acuerdo.
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Entre otros aspectos, Barbechando asegura que el acuerdo se encuentra cerrado desde el punto de vista técnico y comercial y superó una instancia política clave en la Unión Europea, cuando el Consejo Europeo -integrado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo- lo aprobó por mayoría calificada, habilitando su firma.
Solo votaron en contra Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, se abstuvo Bélgica y el resto dio su aval, destacándose Alemania, España e Italia como principales impulsores.
“Con esta decisión, el contenido comercial del acuerdo quedó políticamente validado y fue elevado al Parlamento Europeo, que deberá otorgar su consentimiento. Desde el punto de vista institucional europeo, no se requiere la ratificación de los parlamentos nacionales, dado que el pilar comercial se encuadra dentro de las competencias exclusivas de la Unión Europea”, explica Barbechando.
Y añade: “No obstante, si el acuerdo incluyera disposiciones no comerciales comprendidas en competencias compartidas o nacionales, debería ser considerado un acuerdo mixto, lo que sí exigiría la ratificación de los congresos nacionales de los Estados miembros de la UE”.
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Sin embargo, como se mencionó, el proceso sufrió un giro institucional relevante: el Parlamento Europeo resolvió judicializar el acuerdo y solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre su compatibilidad con los Tratados constitutivos de la Unión, en particular en relación con la base jurídica utilizada y la delimitación de competencias entre la UE y los Estados miembros.
“Esta decisión implicó la paralización del trámite parlamentario hasta tanto el TJUE emita su opinión. La intervención del TJUE introduce un factor de demora significativa, dado que este tipo de dictámenes consultivos suele insumir más de un año”, reconoce Barbechando.
En consecuencia, aun cuando el contenido comercial del acuerdo se encuentra cerrado y políticamente validado por el Consejo, su avance en el Parlamento Europeo queda condicionado al pronunciamiento judicial, trasladando el debate desde el plano estrictamente político al jurídico-institucional.
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De cualquier manera, la luz de esperanza está: “Frente a este escenario, tanto la Comisión Europea como el Consejo han señalado que subsiste la posibilidad de una aplicación provisoria del acuerdo en su pilar comercial, al menos con aquellos Estados del Mercosur que hayan completado sus procesos de ratificación interna”, añade el análisis.
Así, “este mecanismo permitiría comenzar a aplicar los compromisos comerciales sin esperar la finalización del trámite completo en la Unión Europea, aunque su viabilidad práctica dependerá del alcance del dictamen del TJUE y de las decisiones políticas que adopten las instituciones europeas una vez emitido”, completa.
