Siempre parece haber irregularidades en las formas que se manejan en los ámbitos de las industrias lácteas cuando el foco está puesto en los ítems ligados a las acciones gremiales. Lo que está pasando en las últimas semanas es que varias empresas lácteas pequeñas y medianas están siendo intimadas por la Asociación de Trabajadores de

Siempre parece haber irregularidades en las formas que se manejan en los ámbitos de las industrias lácteas cuando el foco está puesto en los ítems ligados a las acciones gremiales.

Lo que está pasando en las últimas semanas es que varias empresas lácteas pequeñas y medianas están siendo intimadas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) a pagar montos no homologados ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La situación es muy simple. Desde septiembre de 2023 las paritarias que se debaten ante el Ejecutivo Nacional por parte del Centro de la Industria Lechera (CIL) y de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), pero que rigen para todo el sector, sean industrias asociadas a estas entidades o no, han tenido una suerte de bifurcación entre las empresas grandes y las de menor envergadura, ya que las pymes vienen rechazando los aportes extraordinarios que el sindicato pretende para su funcionamiento, con un justificativo de inversiones en salud derivadas de lo que se había instrumentado en tiempos de pandemia por Covid-19.

El rechazo de las pymes lechera a ese nuevo aporte le quita a Atilra un financiamiento que pretende, sobre todo con los próximos comicios internos por delante, desde el mes de agosto.

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En este contexto, serían varios los secretarios generales y delegados sindicales que intentan imponer en algunas empresas una falsa homologación por parte de Apymel de acuerdos salariales de diciembre de 2023; y de febrero, abril, junio, julio, setiembre, noviembre y diciembre de 2024.

Es remarcable que los ajustes salariales que están en curso son mensuales y se acoplan al ritmo inflacionario general y mensual, con lo cual los trabajadores no tienen pérdidas en lo que es el poder adquisitivo de sus haberes, ni molestias en cuanto a sus referencias patronales.

En un comunicado que está circulando por las pymes nacionales se remarca que “no existe instrumento legal alguno que sustente la pretensión del gremio de cobrar los aportes y/o cualquier otro concepto convenido en los acuerdos indicados”.

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No está demás recordar que Atilra como gremio percibe cada mes y por cada trabajador el aporte sindical legal, además de un extra conocido como el “aporte solidario”, que en el caso de las grandes empresas es de 1.500 pesos y en las pymes de 750 pesos.

Sin embargo, entre las firmas afiliadas al CIL, Atilra había conseguido en diciembre pasado la renovación de un “Aporte de Salud, Educación y Bienestar” que es de 34 mil pesos por empleado. Las 21 industrias más grandes lo pagan mensualmente y de forma directa al sindicato para su uso discrecional.

Por esto es que el interés de la gremial es mucho en cuanto a las pymes que no están dispuestas a hacer esta erogación que no tiene impacto en los salarios de los trabajadores pero si en la propia caja de Atilra.

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