Las ofertas de préstamos a tasa subsidiada pulularon en la feria, pero todavía está vigente la medida del Banco Central que impide acceder a quienes acumulan más de un 5% de su cosecha. ¿Se levanta a fin de mes?

Quienes estuvieron circulando en las últimas horas por Agroactiva, probablemente una de las palabras que más hayan visto en los stands fue “financia”.

Sucede que uno de los puntos salientes que tuvo la mega muestra que se realizó en Armstrong fue la amplia oferta crediticia que salieron a mostrar los bancos, con el fin de captar la gran afluencia de público y las mejores condiciones económicas que presentan en este momento los productores, tras una cosecha que terminó con buenos números.

El Banco Nación, por ejemplo, informó que solo en los dos primeros días de la muestra, recibió 3.400 solicitudes de préstamos por U$S 1.600 millones para la adquisición de maquinaria agroindustrial o financiamiento de exportaciones.

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Esto, gracias, a las propuestas que llevó a la feria: entre otras, se destacó una línea para adquisición de maquinaria nacional nueva, en pesos, para MiPyMEs, con TNA fija del 17% y 22% para el cliente, según convenio que con el fabricante.

Y en caso de que el usuario cuente con certificado de elegibilidad de la provincia de Santa Fe, el acceso a una bonificación adicional de tasa de 7 puntos porcentuales, lo que resulta una TNA de 10%.

El Banco Santa Fe, en tanto, también presentó una batería de productos financieros ideales para que los productores y contratistas puedan renovar sus equipos.

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Sin embargo, el entusiasmo por este renacer del financiamiento, un aspecto clave para que las ventas de maquinaria agrícola consoliden su proceso de recuperación, se chocó también con el malestar que sigue generando entre productores y dirigentes rurales que se mantiene vigente la medida del Banco Central que impide acceder a préstamos subsidiados a quienes acumulen más del 5% de su cosecha de soja sin comercializar.

Cabe recordar que, a fines de 2022, el Banco Central del Gobierno en ese entonces encabezado por Alberto Fernández dispuso una normativa que eleva en un 120% la tasa mínima de interés para aquellas empresas agropecuarias que no comercialicen al menos el 95% de su producción sojera.

Esto surgió en el marco del primer Programa de Incremento Exportador, que fue el inicio de las diferentes etapas de “dólar soja”, como una estrategia para que se liquidaran ventas y quedaran menos toneladas almacenadas en las silobolsas.

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Cuando asumió la presidencia Javier Milei, la expectativa de los productores y ruralistas era que esta traba se despejara, pero grande fue la sorpresa –y también el malestar– cuando dos días antes de que termine 2023, se conoció que el BCRA decidió extender hasta el 30 de junio de 2024 la vigencia de esta medida.

Ahora la pregunta es: ¿qué pasará este mes? En teoría, como se mencionó, la normativa vence dentro de tres semanas, y desde el agro aguardan un gesto del Gobierno en relación a no renovarla y permitir que los productores puedan acceder libremente a los créditos disponibles.

“Es increíble que este Gobierno que está haciendo tantas cosas bien todavía siga con esto: si sos productor agropecuario y tenes algo de trigo o soja sin vender, la tasa pasa del 24% al 120%. Una locura total. Ya es tiempo de derogar esta norma del kirchnerismo y de cuando había tasas subsidiadas”, señaló a Infocampo un dirigente que pidió reserva.

Una aclaración necesaria: este impedimento no rige para las operaciones que se hagan en dólares. De todos modos, lo que genera más atractivo obviamente, como puede observarse en el testimonio citado, son las tasas muy competitivas en pesos.

Mientras el anuncio de una rebaja de retenciones tendrá que seguir esperando, tal como lo reconoció el propio Milei durante su paso por Agroactiva, la eliminación de esta medida marcaría una señal real hacia el campo, más allá del terreno de las declaraciones donde el Presidente constantemente elogia al sector.

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El problema en este contexto es que, según operadores del mercado, el mantenimiento de esta normativa es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el flujo de dólares que ingresan a la economía siga activo, y por eso el Gobierno tiene poco margen de acción para modificarla.