¿Lo logrará? A semanas de las elecciones, un nuevo proyecto de ley busca instalar distancias de solo 10 metros para las aplicaciones de agroquímicos
En las vísperas de que Alberto Fernández despida su turbulenta gestión en la Casa Rosada, un debate candente se reavivó casi de sorpresa. Un proyecto de ley busca establecer una distancia precautoria mínima de 10 metros para las aplicaciones de agroquímicos en torno a zonas pobladas. La iniciativa obtuvo recientemente estado parlamentario, y espera pronto
En las vísperas de que Alberto Fernández despida su turbulenta gestión en la Casa Rosada, un debate candente se reavivó casi de sorpresa. Un proyecto de ley busca establecer una distancia precautoria mínima de 10 metros para las aplicaciones de agroquímicos en torno a zonas pobladas. La iniciativa obtuvo recientemente estado parlamentario, y espera pronto ser tratado en comisiones. ¿Logrará tener mejor suerte que sus antecesoras?
La iniciativa en cuestión fue ingresada al Congreso el pasado 11 de septiembre de la mano del diputado formoseño Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, aunque el proyecto no es de su autoría exclusiva. Es por el contrario un trabajo de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que se gestó en 2018 y que por estos días ha regresado al Congreso de la mano de Buryaile y un grupo de diputados del bloque de Juntos por el Cambio en el parlamento.
La noticia aquí no es la presentación de una iniciativa, que en rigor fue realizada públicamente por la Red BPA en noviembre de 2020 tras 48 reuniones de trabajo con todos los miembros de la Red, incluidas las gremiales (SRA, CRA, FAA y Coninagro) y las técnicas CREA y Aapresid.
Lo novedoso es que esta nueva propuesta, que surgió enteramente del trabajo realizado al interior de la red y que tomó como referencia estudios científicos o informes previamente publicados, reaviva en plena campaña electoral el fuego sobre un tema que divide a la sociedad como lo es la aplicación de agroquímicos en la producción agropecuaria.
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Ahora, sin pelos en la lengua, el texto de la norma define para las “zonas sensibles”, también conocidas como zonas de exclusión en las que se prohíbe la aplicación de fitosanitarios, una distancia de 10 metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aplicaciones aéreas.
Así, en su artículo 11 el proyecto detalla:
- Las áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, y viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, más diez (10) metros para el caso de aplicaciones terrestres y cuarenta y cinco (45) metros para el caso de aplicaciones aéreas, contados desde el límite de área o lote hacia la zona productiva.
- Lotes en los que se encuentran emplazados los establecimientos educativos rurales, más 10 y 45 metros para el caso de aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente, contados desde el límite del establecimiento y hacia la zona productiva.
- Los cuerpos permanentes de agua superficial (naturales o artificiales) y pozos para extracción de agua potable para consumo humano, y sus márgenes hasta diez (10) metros para el caso de aplicaciones terrestres y cuarenta y cinco (45) metros para el caso de aplicaciones aéreas.
- Las Áreas Naturales Protegidas y los Predios con Patrimonio Cultural e Histórico más 10 metros para el caso de aplicaciones terrestres y 45 metros para el caso de aplicaciones aéreas, contados desde el límite del área o predio hacia la zona productiva.
Según los legisladores, estas distancias precautorias por supuesto no fueron sugeridas sin antes realizar un análisis de evidencia científica previa, tanto nacional como internacional, que reveló que esta era una distancia adecuada, siempre claro que la aplicación se realice respectando las buenas prácticas para evitar riesgos.
Mirá el proyecto completo acá:
3696-D-2023
En este sentido, desde la Red BPA detallaron algunas de las fuentes consultadas: el documento Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas del Ministerio de Agricultura en 2015; el documento “Recomendaciones para legislar sobre aplicación de fitosanitarios en municipios” de la Red BPA en 2016; el Informe Final del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en Materia de Aplicaciones de Fitosanitarios de 2018 (Resolución Conjunta MA-MAyDS No 1/2018); y las 39 Jornadas de Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios, publicado en 2020 por el Grupo de Trabajo sobre Toxicología y Análisis de Riesgo del ILSI como Jornadas de Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios (BPAF).
“Es un trabajo que hicieron las más de 90 instituciones que forman parte de la red. Es un proyecto propio de la red. Los técnicos estuvieron trabajando con miradas completamente amplias, diferentes, y se logró este consenso. Más allá que incluya o no a otros autores de proyectos, que puedan haber presentado iniciativas similares, creo que es un buen paso para el sector y para la red agrobioindustrial porque mantener estado parlamentario ya nos hace parte de esta discusión. Después se verá cómo resulta, pero me parece que ser parte es muy importante”, dijo a Bichos de Campo Nieves Pascuzzi, actual coordinadora de la Red BPA.
En una suerte de disclaimer publicado por esta Red recientemente se indicó que “este proyecto viene a ser un puente entre el campo y la sociedad, porque entiende las inquietudes de los vecinos y de los consumidores, y la necesidad de que haya una producción eficiente, ordenada y segura para la salud y el ambiente”.
Esto es algo que previamente muchos legisladores intentaron conseguir. Sin embargo solo unos pocos lograron obtener apenas una media sanción. Tal es el caso del proyecto de ley del ex Ministro de Agricultura, Luis Basterra, “de Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”, que nunca vio la luz del sol. Aquella iniciativa, sin embargo, no fijaba distancias mínimas para las aplicaciones sino todo el resto de procesos que tuvieran que ver con los agroquímicos.
Ahora, esta nueva iniciativa define que entre sus puntos clave esta “la definición de los diferentes actores y sus obligaciones, el establecimiento de mesas de diálogo, la definición de zonas sensibles y de zonas de amortiguamiento, los productos fitosanitarios autorizados a ser utilizados, la profesionalización de la actividad, los registros de empresas, equipos y aplicadores, las figuras del asesor agronómico y el fiscalizador y las sanciones por incumplimiento de la norma”.
Para el caso de las zonas de amortiguamiento, otro punto históricamente astilloso en este debate, el artículo 13 indica que se podrán hacer aplicaciones siempre que el aplicador cumpla con los siguientes requisitos: “respecto por la normativas vigente; aviso a la autoridad municipal con una antelación mínima de 8 horas, a fin de que evalúe la presencia de un fiscalizador; receta fitosanitaria de aplicación con prescripciones e indicaciones de las BPA; condiciones meteorológicas específicas que consideren la velocidad del viento entre 3 y 18 km/h y su dirección, la que debe ser siempre contraria a la zona sensible, la temperatura, humedad relativa ambiente, correlacionando estos últimos dos parámetros con un Delta T entre 2 y 8; regulación antideriva de los equipos aplicadores; manga de viento”, entre otros puntos.
Esta iniciativa, que implicaría establecer normas a nivel nacional, a fin de cuentas busca diferenciarse de otras provinciales y municipales con tintes prohibicionistas, que han buscado impedir que se realicen aplicaciones aéreas además de restringir las terrestres a distancias mucho más extensas, y por el contrario regularlas permitiendo el desarrollo de una producción agropecuaria con foco en el cuidado de la población, el ambiente y la responsabilidad de los actores involucrados.
En caso de tener éxito y entrar en la agenda de discusión de los legisladores, que la lleve a eventualmente ser aprobada, solo tendrán que adecuar sus leyes aquellas “provincias que tengan legislación sobre aplicación de fitosanitarios con resguardos menores a lo establecido en esta ley. Por eso se habla de presupuestos mínimos. Esto ayuda a nivelar en una base común y sobre eso cada Provincia tiene potestad para legislar”, según explicó la Red en el documento mencionado.
-Estamos a semanas de que sean las elecciones. ¿Qué perspectiva tienen para este proyecto?- le preguntamos a Nieves.
-Sería buenísimo si se logra hablar del tema este año pero por ahí las cuestiones eleccionarias lo demoran. Sí vamos a poner fuerzas para el año que viene en una estrategia comunicativa para que el tema esté sobre la mesa y se pueda tratar. Obviamente entendemos que somos parte de una sociedad y por ahí hay otras temáticas que pueden ser más urgentes que esta, pero consideramos que el sistema productivo necesita una norma en este sentido.
-Recientemente Willy Bernaudo expresó su interés de reflotar otros proyectos vinculados a esta temática, y se refirió incluso al presentado años atrás por el ex ministro Luis Basterra. ¿Están desde la red en discusión con estos actores?
-Lo que veo positivo es que el tema esté sobre la mesa y que haya intenciones de hablarlo. Obviamente por como es la Cámara, va a haber muchas iniciativas. Acá lo importante es que el tema que ponga sobre la mesa, se trate, y que haya una intención de generar un acuerdo y una norma. De todas maneras siempre surgen proyectos, van a surgir propuestas, ideas y nosotros estamos abiertos a charlar y a discutir. Vemos sumamente importante nuestra propuesta porque surge del consenso con otras instituciones y de un trabajo de dos años de charlas, reuniones y discusiones.
-¿La Red acompañaría entonces otras propuestas que surjan en este sentido?
-En realidad nos interesaría que nuestro proyecto sea considerado como parte sustancial de un proyecto que surja, ¿no? Creemos que es un proyecto sólido y robusto. Los técnicos que participaron forman parte de instituciones reconocidas y hemos tomado toda la información científica que existe para poder llegar a estas conclusiones y a esta propuesta de trabajo. Ojalá sea tomado y sea importante en la discusión y en lo que resulte en el texto. Y si consideran otros proyectos, trabajaremos para que las ideas que nosotros propusimos en el nuestro también estén consideradas.
El proyecto, que cuenta con giro a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Capital Humano y Presupuesto y Hacienda, es acompañado por diputados del interbloque Juntos por el Cambio como Jorge Vara (UCR-Corrientes), Pablo Torello (PRO-Bs.As.), Gabriela Brower de Koning (Evolución Radical-Córdoba), Atilio Benedetti (UCR- Entre Ríos), Victoria Borrego (CC- Bs.As.), Marilú Quiroz (PRO- Chaco) y Roberto Sánchez (UCR-Tucumán).
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