Éramos pocos y apareció la justicia: Obligan a Bioceres y al gobierno a mostrar todas sus cartas en torno al polémico trigo HB4
La novela del trigo HB4 tenía ya muchos condimentos que la podrían convertir en el éxito del verano. La presión de acopiadores, molinos y exportadores había logrado que las autoridades del Ministerio de Agricultura adopten medidas urgentes para evitar una posible “contaminación” del trigo convencional que se está cosechando con esa variedad transgénica sembrada por
La novela del trigo HB4 tenía ya muchos condimentos que la podrían convertir en el éxito del verano. La presión de acopiadores, molinos y exportadores había logrado que las autoridades del Ministerio de Agricultura adopten medidas urgentes para evitar una posible “contaminación” del trigo convencional que se está cosechando con esa variedad transgénica sembrada por Bioceres. En rigor, el viernes hubo en la cartera agropecuaria una gran reunión de todos los sectores involucrados, tratando de enderezar un poco el barco para que no choque.
Pero faltaba un protagonista: la justicia.
En una derivación de una vieja causa de acción colectiva sobre cultivos transgénicos, esta semana el juez federal Santiago Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar de inmediato y sin restricciones toda la información que se tuvo en cuenta para autorizar el trigo transgénico HB4, que es tolerante al estrés hídrico y resistente al herbicida glufosinato de amonio.
Informó la agencia Tierra Viva que este juez rechazó suspender la autorización a ese transgénico y por ahora se limitó a pedirle a todos los actores involucrados que muestren todas sus cartas. El HB4 fue aprobado por una resolución del Ministerio de Agricultura en octubre de 2020: tanto el Senasa como la Conabia habían dado su opinión favorable. Pero como las autoridades políticas del Ministerio veían cierto peligro en la fase comercial por su introducción, la aprobación final del cultivo quedó en suspenso hasta que Brasil, principal mercado del trigo nacional, diera su visto bueno. Esto sucedió a medias hace unos días, pues en el vecino país solo se aprobó la harina. Por eso en la Argentina la venta comercial de esta variedad sigue suspendida.
En medio, sucedió que Bioceres implantó en convenio con más de 200 productores para sembrar el trigo HB$ bajo condiciones de preservación, pensando eventualmente en tener una importante oferta de semillas para la campaña que viene. En total han sido 55 mil hectáreas que ya se han comenzado a cosechar. Esta situación incrementó el temor de la cadena comercial a una contaminación y la presión sobre Bioceres para que ofrezca garantías de que no se le escapará ni una sola espiga. De eso trató la reunión realizada el viernes en la cartera agropecuaria.
Pero el juez Carillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, quiere saber más y en un fallo otorgó un plazo de 20 días para implementar un procedimiento de participación ciudadana, que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer información o hacer presentaciones de cualquier tipo en materia del proceso de aprobación de este cultivo.
La resolución consideró que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” por parte de Agricultura al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana, tal como lo ordena la normativa nacional y el vigente Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo.
“El evento de transformación de trigo HB4, como lo reconoce la propia Indear SA (Bioceres), es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez en la resolución que aquí compartimos:
000099188La orden judicial responde a un pedido de suspender el trigo transgénico que había realizado Daniel Sallaberry, abogado en una demanda colectiva por daño ambiental que pide suspender todos los OGM presentes en el país desde 1996. En paralelo, un grupo de productores agroecológicos también pidió la misma medida. En ambos casos, se denuncia que no hay certeza sobre los posibles efectos en la salud y el ambiente de la liberación del transgénico y se alerta sobre el riesgo para la salud que suponen las fumigaciones con glufosinato de amonio, entre otros puntos.
Los denunciantes habían pedido al juez la suspensión de la aprobación del trigo HB4 y lo mismo hizo el fiscal de esta causa, pero el juez no aceptó tomar esa medida tan drástica. De todos modos, puso el acento en la falta de transparencia que existió en torno a este proceso. Por eso estableció un plazo de 20 días al Ministerio de Agricultura para que “diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación adecuado a los estándares constitucionales que permita a todo interesado efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas en el marco de lo dispuesto por la Resolución 41/2020”.
Esa Resolución es la que aprobó, con la firma del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos, el trigo HB4 pero condicionado a Brasil. El artículo 3 estableció además que Bioceres tiene que suministrar a las autoridades toda información nueva que surja sobre el trigo HB4 y que esa información podrá afectar o invalidar su autorización. El artículo 4 decía: “La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas o comerciales en las que se basaron los dictámenes que sirven de sustento y antecedentes de la presente autorización”.
Para el juez Carillo, esos dos artículos dan la pauta de que la aprobación del trigo transgénico es un “procedimiento inacabado, no definitivo, que requiere de un flujo de información continuo, adecuada y suficiente que permita su sostenimiento”. Por ese motivo considera prioritario que se establezca un sistema de recepción de denuncias, información y presentaciones en general con las características previstas en el Acuerdo de Escazú que “permita enriquecer el procedimiento decisorio llevado a cabo por la autoridad administrativa”.
El juez también ordenó al INASE (Instituto Nacional de Semillas) presentarse en los Tribunales y le dio cinco días para publicar en el Boletín Oficial la resolución 535/2021, del 15 de octubre de 2021, en la que el organismo creó una Comisión de Auditoría del Trigo HB4.
Esa resolución, increíblemente, fue publicada en Bichos de Campo como anticipo periodístico. Pero nunca fue publicada en el Boletín Oficial con el argumento de que como se refería solamente a una empresa (Bioceres) no resultaba obligatoria su divulgación. Es la normativa que ordenó a la empresa introductora desactivar gran parte de la producción de trigo HB4 que obtuvo en las últimas dos campañas, para que no puedan ser utilizadas luego como semilla. Bioceres implantó primero 6.000 hectáreas con esa variedad y en esta campaña unas 55.000 hectáreas, según informó la propia empresa. En el INASE, hay que decirlo, no tuvieron registro acabado sobre los lugares hasta que escaló la polémica.
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