El síndico Julio Carlos Amut, en la presentación de los informes individuales relativos a los montos pretendidos por los acreedores de la concursada Vicentin SAIC, aconsejó al juez del proceso, Fabián Lorenzini, que admita una acreencia de 67,3 millones de dólares para Vicentin Paraguay S.A. El monto en cuestión, categorizado como quirografario, deberá ser –recomendó

El síndico Julio Carlos Amut, en la presentación de los informes individuales relativos a los montos pretendidos por los acreedores de la concursada Vicentin SAIC, aconsejó al juez del proceso, Fabián Lorenzini, que admita una acreencia de 67,3 millones de dólares para Vicentin Paraguay S.A.

El monto en cuestión, categorizado como quirografario, deberá ser –recomendó Amut– convertido a pesos argentinos “en oportunidad de consolidarse el pasivo total” al “solo efecto de su consideración en el cómputo del pasivo total del concurso preventivo”.

El monto de 67,3 millones de dólares, equivalente al pretendido por Vicentin Paraguay, corresponde a compras de soja efectuadas por la sucursal uruguaya de Vicentin SAIC por 37,8 M/u$s y una deuda por venta de acciones de Renova S.A. por 29,4 M/u$s.

Los representantes legales de Banco Nación –entidad acreedora de Vicentin SAIC– consideraron que el crédito pretendido por Vicentin Paraguay no es procedente porque debería dirigirse a Vicentin Uruguay S.A., al tiempo que los letrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos señalaron que no están dadas las condiciones para aconsejar favorablemente el monto reclamado “por ser la insinuante una sociedad integrante del grupo de la concursada”.

Amut, sin embargo, argumentó que no considera que tales razones sean suficientes para aconsejar la inadmisibilidad del monto reclamado, “pues el hecho de ser la concursada controlante de la insinuante no es óbice para la admisión, habiéndose realizado las operaciones que dan origen a los créditos con una sucursal de la concursada y no con una persona jurídica diferente”.

El síndico además recomendó admitir en el concurso una deuda de 24,1 millones de dólares reclamada por Renova S.A, compañía controlada por la filial argentina de Glencore (ahora Viterra), que había exigido 28,4 M/u$s en concepto de servicios de industrialización y servicios portuarios no cobrados a la concursada Vicentin SAIC, la cual, vale recordar, es socia minoritaria de Renova. En este caso, también se aconsejó que el monto dolarizado se pesifique “al momento de la consolidación del pasivo”.

Curiosamente, el hecho de que en el concurso preventivo figuren compañías vinculadas a Vicentin SAIC es una de las líneas de investigación que está llevando a cabo el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien ayer ordenó numerosos allanamientos en domicilios santafesinos a nombre de Vicentin SAIC y de personas relacionadas a la compañía.

El fiscal rosarino está actuando a partir de diferentes denuncias por supuesta estafa presentadas por representantes legales de damnificados de Vicentin SAIC tanto del ámbito local como del exterior.

El material secuestrado por Moreno es tan voluminoso que el fiscal solicitó al juzgado gestionado por Lorenzini que arbitre los medios necesarios para resguardar en sus servidores los datos digitalizados por intermedio de los auditores forenses que actúan en el marco del concurso preventivo de Vicentin SAIC.

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