Son cifras oficiales del Renatre, que realizó en ese período cerca de 50 fiscalizaciones en distintos establecimientos. La mayoría se dan en actividades de resina, forestal, horticultura, ganadería, tambo y cultivo de papa.

En el último año y medio, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) detectó 444 casos de explotación laboral en el ámbito rural.

Así lo indicó el organismo en un informe oficial, en el que detalló que llegó a esos números tras realizar cerca de 50 fiscalizaciones en distintos establecimientos del país.

Según indicó, los casos se dieron principalmente en actividades de resina, forestal, horticultura, ganadería, tambo, cultivo de papa, ovino, cría de porcinos, caña de azúcar, frutilla, avícola, olivo y cultivo de maíz.

operativos de combate

“El Renatre tiene un trabajo coordinado tanto con el Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y la Justicia con la idea de abarcar íntegramente la problemática, trabajando en la detección y abordaje de estas situaciones y que tengan sus sanciones correspondientes”, explicó Ramón Ayala, director del Registro.

En concreto, ante la denuncia o la detección de indicios de explotación laboral, el Renatre automáticamente articula un operativo con la Dirección Nacional de Fiscalización y con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Los casos se denuncian a la línea telefónica 145 de Asistencia y Denuncias por Trata de Personas, el número de trámite se remite inmediatamente a la Procuraduría y se solicita la intervención del Renatre a través de oficios, para fiscalizar los diferentes establecimientos rurales que presentan indicios. A su vez, el Ministerio de Trabajo coordina con el Registro aquellas denuncias de explotación laboral en el ámbito rural que haya recibido por su parte.

Asimismo, el Renatre cuenta con una asistencia específica para las víctimas del delito de Trata de Personas, con una prestación económica por protección social que consiste en una suma de pago único. “Estas prestaciones son para aquellos trabajadores que se encuentran en las fiscalizaciones, que en muchos casos están en condiciones infrahumanas, con restricciones a la libertad de movimiento y endeudamiento inducido, viviendo en pésimas situaciones habitacionales, sin baño ni agua potable”, detalló Ayala.