El pronunciamiento vino hoy desde la Cámara de Puertos Privados quienes consideran que desde el ejecutivo nacional no se mantiene el equilibrio en la división de poderes. BUENOS AIRES (NAP) Desde distintos sectores que...

El pronunciamiento vino hoy desde la Cámara de Puertos Privados quienes consideran que desde el ejecutivo nacional no se mantiene el equilibrio en la división de poderes.

BUENOS AIRES (NAP) Desde distintos sectores que representan a la producción agroindustrial continúan las críticas a la intervención que dispuso el Poder Ejecutivo nacional a la empresa Vincentín, en este caso los cuestionamientos vinieron desde la Cámara de Puertos Privados (CPP), que expresó su preopcuación por “la decisión del Gobierno de la Nación de interrumpir el equilibrio de la división de los Poderes – soporte de nuestra República- disponiendo la intervención estatal de una sociedad regulada por el derecho privado”, decisión que afecta a la macroeconomía, aseguraron desde la Entidad.

La Cámara recordó que los directivos de la empresa Vicentín, afectada por cambiantes circunstancias macroeconómicas, resolvió con madurez ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo, poniéndose en manos de su juez natural para ordenar su pasivo y acordar con sus acreedores la forma de honrar los compromisos asumidos, para que fuera el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe –único competente- quién analice los motivos y causas de su presentación y la conducta empresarial de quienes la conducían.-

La aceptación de tal presentación por el Juez Lorenzini y la apertura del concurso preventivo deja bien a las claras que la Empresa cumplió acabadamente con la ley aplicable.-

“Nuestro país es netamente agroexportador y este sector, pilar de la economía nacional, se cimenta en la actividad privada de miles de productores agrarios que a lo largo y ancho del país han generado –año tras año- records de producción agropecuaria que han permitido asegurar siempre nuestra soberanía alimentaria a punto tal, que nuestro consumo interno representa apenas un quince por ciento del total de nuestra producción actual de alimentos”, recordó la entidad.

La intervención del Estado Nacional en el contexto descripto sería ilegal e inconstitucional por invadir la esfera de otro Poder del Estado. Por otro lado, el argumento de una pretendida protección de la soberanía nacional siempre fue utilizado por países competidores, importadores, para impedir en sus territorios el ingreso de la producción agropecuaria de nuestro país.-

La participación forzada del Estado nacional en este sector además de no corresponder por ir en contra de uno de los principios rectores de nuestra República, no es conveniente porque es demostrativa de un estado de inseguridad jurídica manifiesta en momentos en que la economía nacional está sometida a un stress extraordinario producto de la deuda externa, aún insoluta con sus acreedores y a la paralización ocasionada por la pandemia.

El avanzar por este camino no generará el estado de certidumbre imprescindible para conseguir la llegada de inversores, ni el acceso al financiamiento internacional, ni el ingreso de las divisas necesarias para superar esta coyuntura.

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