Un fallo de una Cámara Federal revocó la decisión que había emitido el juez Sebastián Casanello a favor de que Osprera volviera a estar administrada por la UATRE. Y no solo eso: ordenó investigar el patrimonio del líder del gremio, José Voytenco.

La novela por el manejo de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) dio un nuevo giro en las últimas horas, luego de que un fallo de una Cámara Federal de Apelaciones revocara la decisión que tomó hace un mes el juez Sebastián Casanello, de restituir el manejo de la entidad a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico (el otro magistrado, Eduardo Farah, votó en disidencia), la Sala 2 de Cámara Criminal y Correccional Federal decidió dar de baja la resolución que permitía el regreso del directorio y el levantamiento de los embargos, teniendo que reponerse la medida cautelar que había impuesto la intervención de la obra social.

El fondo de la cuestión es el patrimonio del líder de la UATRE, José Voytenco: la decisión de quitarle el control de Osprera al gremio nació de una denuncia del líder de la UATRE Seccional La Plata, Marcelo Andrada, sobre que se habrían utilizado fondos de la entidad para adquirir inmuebles de lujo (como una propiedad en Cañuelas) y que existirían “retornos” mediante contrataciones con empresas vinculadas a la conducción sindical.

“El Presidente de la Obra Social tendría un patrimonio incompatible con sus ingresos lícitos. En dichas presentaciones identificó algunos de los bienes sospechados y, en particular, un inmueble ubicado en el Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires”, es uno de los textuales del fallo.

En ese marco, si bien Casanello había ordenado devolver el mando a los directores suspendidos basándose en informes que mostraban una mejora financiera de la obra social, la Cámara fue tajante: que los números de la entidad hayan mejorado gracias a la intervención no borra la sospecha de delito penal.

El fallo de la Cámara también incluye críticas al propio accionar de la Justicia en esta causa, al señalar que se pasaron un año debatiendo cuestiones de competencia jurisdiccional y no se avanzó en la investigación de fondo sobre si es cierto que hubo desvío de los fondos de Osprera hacia destinos no permitidos por la ley.

EL CASO OSPRERA: UNA LARGA NOVELA SIN FIN

Cabe recordar que todo se remonta a 2023, cuando la Justicia Federal intervino Osprera, hasta que en julio de 2024 volvió a manos de la UATRE.

Sin embargo, eso duró poco: un mes después, el Poder Ejecutivo nacional denunció “gravísimos incumplimientos” en la administración de la obra social y la intervino por decreto, argumentando -entre otras cosas-, una deuda superior a $ 45.000 millones.

A partir de allí, se dio una escalada de fuertes acusaciones de la UATRE al Gobierno, que llegaron a su punto cúlmine en marzo del año pasado, cuando el gremio aseguró que, producto de desmanejos de la intervención, había trabajadores rurales que no estaban recibiendo sus prestaciones, e incluso denunció un fallecimiento por ese motivo.

En los meses subsiguientes, la UATRE continuó atacando al Gobierno por esta situación, hasta que el 14 de enero pasado llegó el fallo que le restituyó el manejo de Osprera, que ahora fue revocado por la Cámara Federal.

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“SE TERMINA LA IMPUNIDAD EN OSPRERA”

En este contexto, vale mencionar que la novela también tiene un condimento de interna sindical, con un actor de reparto que ha sido un gran protagonista: el Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU).

Ese espacio es liderado por Marcelo Andrada -el líder de UATRE La Plata y denunciante en contra de Voytenco-, que en las últimas horas celebró la decisión de la Cámara, a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales.

“Desde el Movimiento de Recuperación de la UATRE comunicamos a los trabajadores rurales de todo el país que la reciente resolución de la Cámara Criminal y Correccional N.º 2 marca un punto de inflexión en la lucha por terminar con la impunidad que ha golpeado durante años a nuestra organización y, especialmente, a la obra social de los peones rurales, Osprera de José Voytenco”, expresó.

Según el MRU, el fallo judicial se vincula directamente con la intervención y administración institucional de Osprera, ámbito en el cual se concentraron las disputas judiciales y las irregularidades denunciadas.

“Esta resolución declara la revocación de los efectos que habían permitido la restitución de cargos a la conducción cuestionada gracias al Juez Sebastián Casanello por el lobby de Voytenco y restablece plenamente la medida cautelar de intervención, reponiendo el control institucional que debe resguardar el patrimonio sanitario de los trabajadores rurales”, valoró.

Asimismo, resaltó que vuelve a disponer la inhibición patrimonial y la restricción sobre el manejo de las cuentas vinculadas a José Voytenco, “dejando en claro que el uso discrecional de recursos en la obra social no puede continuar bajo ningún pretexto”.

El resto del comunicado se copia de manera textual, a continuación:

Cabe destacar que la situación se origina en el contexto en que la conducción encabezada por Voytenco había recuperado el control de OSPRERA y que es precisamente en ese espacio donde se produjeron los hechos que hoy son materia judicial. Durante ese período, distintos actores quedaron enquistados en la estructura de la obra social, consolidando prácticas que hoy están siendo revisadas y cuestionadas en sede judicial.

El expediente ya se encuentra radicado en el juzgado correspondiente, con todas las partes debidamente notificadas y con la obligación procesal de ejecutar lo ordenado por la Cámara. Este avance no es casual ni espontáneo: es el resultado directo del esfuerzo sostenido de trabajadores organizados del MRU  ue nunca abandonaron la lucha, impulsando recursos y presentaciones judiciales que hoy dan frutos concretos.

Reconocemos especialmente la labor de Agustin Andrada, integrante del Movimiento de Recuperación de la UATRE, quien impulsó el recurso que permitió revertir la situación, así como la denuncia presentada por el compañero Eduardo Dávico, cuya contundencia expuso irregularidades que no pudieron ser ignoradas.

Asimismo, destacamos la presentación realizada para solicitar el bloqueo inmediato del manejo de cuentas mientras el juez interviniente resuelve de forma urgente, con el objetivo de impedir cualquier afectación al patrimonio de la obra social OSPRERA, destinada exclusivamente a la salud de los trabajadores rurales.

Este fallo representa un golpe directo al entramado de intereses que durante años intentó sostener privilegios, blindajes jurídicos y maniobras dilatorias destinadas a garantizar impunidad dentro de OSPRERA. También constituye una derrota para quienes operaron desde estructuras legales y políticas alineadas con ese esquema, intentando perpetuar un modelo que priorizó negocios y alianzas por sobre la salud y la dignidad de los peones rurales.

Todo este entramado que sostenía José Voytenco no funcionaba en soledad. Respondía a intereses articulados por Jorge Giani y Julio Comparada, quienes a través de la empresa El Surco utilizaron estructuras que vaciaron recursos que pertenecen a los trabajadores. Ese andamiaje oscuro  cuyo esquema jurídico hoy sufre una derrota total y expuesta ante los hechos respondia a Luis Barrionuevo.

Este avance judicial golpea también en el corazón del esquema político que intentó apropiarse de herramientas institucionales ligadas a la obra social. Luis Barrionuevo, operador detrás de ese esquema, pierde una batalla crucial en su intento de consolidar control sobre estructuras que pertenecen a los trabajadores. Esta resolución demuestra que la organización colectiva puede frenar cualquier intento de apropiación y que la lucha sigue siendo la herramienta más poderosa para recuperar lo que es nuestro.

Desde el Movimiento de Recuperación de la UATRE afirmamos que esta resolución confirma lo que venimos sosteniendo: las instituciones de los trabajadores —y particularmente nuestra obra social— no son propiedad de dirigentes ni operadores, sino de quienes las sostienen con su esfuerzo cotidiano. La restitución de la cautelar y la inhibición patrimonial son pasos firmes hacia la transparencia, el control y la reconstrucción institucional de OSPRERA.

Nuestra lucha no termina aquí. Seguiremos recorriendo el país, fortaleciendo la unidad, ampliando la organización y consolidando un proyecto sindical representativo, democrático y transparente. Vamos a avanzar hasta desplazar definitivamente este modelo de conducción y recuperar plenamente las herramientas institucionales al servicio de los peones rurales, con honestidad, participación y justicia social.

Este avance judicial también constituye una derrota política para quienes operaron en defensa de intereses oscuros y para los abogados y estructuras que pretendieron sostener ese esquema, así como para quienes apostaron a perpetuar negocios a costa de los trabajadores. Hoy queda demostrado que la perseverancia colectiva puede quebrar cualquier blindaje.

Convocamos a todos los compañeros y compañeras a mantenerse unidos, firmes y solidarios. La recuperación de nuestras herramientas institucionales no es una consigna: es un proceso en marcha que depende del compromiso colectivo.

Arriba, compañeros. Esta es la realidad: el camino de la recuperación está en marcha y todos aquellos que pretendieron enquistarse en la conducción de OSPRERA y utilizarla en perjuicio de los trabajadores deben quedar afuera de la representación del sector rural.

La historia no la escriben los que negocian en silencio.

La escriben los trabajadores que luchan.

Viva el MRU.

Viva la UATRE.